La dirección nacional del Partido Popular ha decidido marcar distancias con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un asunto que ha tensado las costuras internas del partido: la llegada a la Península de más de un millar de menores migrantes no acompañados que permanecían en Canarias. El Gobierno central, obligado por una sentencia del Tribunal Supremo, ha iniciado esta semana su traslado a centros estatales repartidos por distintas comunidades autónomas. Génova, aunque no ha perdido la ocasión de criticar la gestión del Ejecutivo progresista, no ha seguido la línea de bloqueo que Ayuso lleva semanas practicando en Madrid, donde maniobra para evitar que cualquiera de esos jóvenes pise territorio madrileño.
El pulso comenzó a finales de julio, cuando uno de los bastiones del PP madrileño, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, cerró el centro de acogida de la ciudad. La orden coincidía con la inminencia del reparto estatal y se justificó bajo un argumento administrativo: la supuesta falta de licencia de uso residencial. El edificio, dependiente de la Seguridad Social y cedido desde 2022 al Ministerio de Inclusión para atender emergencias humanitarias, acoge desde hace años a casi 500 personas, en su mayoría refugiados ucranianos y latinoamericanos. Ninguna autoridad local puso entonces objeciones a su presencia. El cambio de criterio ha llegado cuando la orden judicial obliga a abrir esas puertas a menores africanos que huyen de conflictos y pobreza extrema.
La maniobra de Pozuelo no ha sido aislada. El Ayuntamiento de Madrid, también en manos del PP, estudia replicar la estrategia con un centro de acogida en Carabanchel. Y en Alcalá de Henares, el gobierno municipal de PP y Vox aprobó en julio una propuesta para cerrar otro centro estatal que lleva meses siendo objeto de ataques de grupos neonazis y de extrema derecha. Ayuso ha respaldado cada uno de estos movimientos y ha acusado al Gobierno central de “castigar” a la región por acoger a menores migrantes en instalaciones madrileñas.
Desde el Ministerio de Inclusión, que dirige Elma Saiz, se recuerda que el centro de Pozuelo es un referente en protección internacional y que en estos años “ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas” sin que hubiera “ningún problema con el Ayuntamiento” hasta ahora. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado la decisión de “racismo preventivo”. La respuesta de la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, fue defender el cierre alegando que los centros “no tienen las condiciones adecuadas”, pese a que llevan años funcionando como residencias para personas migrantes.
Feijóo rompe el frente de bloqueo total de Ayuso
En este contexto, Alberto Núñez Feijóo ha optado por una posición intermedia que, sin cuestionar el cierre de Pozuelo, sí se aparta del rechazo frontal de Ayuso a recibir a estos menores. En su balance político, el líder del PP enmarcó la clausura en un asunto urbanístico y defendió que “cada gobierno tendrá sus responsabilidades”. Evitó mencionar que el centro ya alberga a cientos de personas, y en cambio reclamó al Ejecutivo central que cumpliera la sentencia del Supremo y comenzara el reparto por otros centros estatales.
Feijóo insistió en que el Gobierno “sigue incumpliendo” el mandato judicial y que “no podemos tutelar a menores cuando no tenemos ni herramientas, ni medios, ni capacidades para cumplir la ley del menor”. Pero al mismo tiempo, dejó claro que las comunidades gobernadas por el PP deben cumplir con la acogida en centros estatales, rompiendo así el frente de oposición total que Ayuso querría imponer.
Otros dirigentes populares han seguido esa línea de crítica sin bloqueo. El vicesecretario económico, Juan Bravo, censuró que el Ejecutivo hable de los menores “como si fueran paquetes” y reclamó “sensibilidad especial”, aunque sin cerrar la puerta al reparto. El secretario general, Miguel Tellado, subrayó que la prioridad es que el Gobierno central asuma sus competencias y atienda a los menores “con sus propios medios”, pero defendió la ejecución de la sentencia. La crítica se dirige al cómo, no al qué, marcando así una diferencia con la presidenta madrileña.
Ayuso, sin embargo, ha endurecido su discurso en las últimas semanas, alineándolo con la retórica de Vox y otras formaciones ultras. Ha vinculado reiteradamente la llegada de migrantes con delincuencia y problemas de convivencia. En julio llegó a afirmar que este fenómeno es un “problema provocado y perfectamente medido por el Gobierno para saturar servicios públicos y reventar el país”. También ha comparado la situación con la crisis de la heroína en los años 80, un paralelismo interpretado como un intento de criminalizar a menores que aún ni han llegado.
Su Ejecutivo mantiene recursos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional contra el Real Decreto 658/2025, que regula el reparto de menores migrantes en casos de saturación en territorios como Canarias, Ceuta o Melilla. Este rechazo a la norma sí es compartido por la dirección del PP y por otras comunidades autónomas gobernadas por el partido, pero el enfrentamiento interno reside en el bloqueo de la acogida cuando la orden judicial ya ha sido dictada.
El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, pidió recientemente el “cierre inmediato” de lo que calificó como “tres macrocampamentos” —Pozuelo, Carabanchel y Alcalá— y criticó que la “única medida” del Ejecutivo central sea “repartir personas” por las comunidades. Sus palabras reflejan la estrategia de Ayuso: cuestionar la política migratoria del Gobierno no desde la gestión, sino desde la negación de la acogida.
Mientras tanto, el Ministerio de Inclusión inició este lunes el traslado de los primeros diez menores no acompañados a centros de titularidad estatal. Según Migraciones, los desplazamientos se realizarán semanalmente, priorizando recursos pequeños y distribuidos por todo el territorio. Madrid, tras el cierre de Pozuelo y el rechazo de la Comunidad, no figura en este primer reparto.
El episodio ha dejado en evidencia las fracturas internas del PP cuando se trata de política migratoria. Génova mantiene el pulso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha optado por no secundar el bloqueo total de Ayuso, consciente de que el Supremo ha impuesto una obligación que no cumplir podría abrir un flanco jurídico y político. El caso de Canarias, donde el popular Fernando Clavijo comparte gobierno con el PP y es uno de los principales interesados en que se ejecute el reparto, añade un componente de pragmatismo que choca con la estrategia de confrontación de la Puerta del Sol.
El resultado es un equilibrio incómodo: la dirección nacional critica la gestión socialista, pero no rompe con el mandato judicial ni con el reparto, mientras la presidenta madrileña convierte el rechazo a los menores en una bandera política. Un pulso que, lejos de cerrarse, marcará las próximas semanas y obligará a Feijóo a seguir caminando sobre una cuerda floja entre su apuesta por el cumplimiento legal y las tesis de su baronesa más mediática.
