Lejos de dar por finalizado el caso Alberto Rodríguez, a quien la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retiró su acta de diputado tras ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, la polémica continúa. Y es que algunos miembros de Podemos muestran su desconcierto con la estrategia de la propia formación entorno a este asunto.
''No se entiende como cinco minutos después de que salga la sentencia algunos dirigentes escribieran tuits condenando la retirada del escaño a Rodríguez y los borraran de forma coordinada minutos después. Parece insignificante, pero forma parte de la máquina de relato en la que se ha convertido Podemos. Han apuntado para dentro'', señalan algunas fuentes del partido.
Unas intenciones poco claras
Creen que se trata de la escenificación de un enfrentamiento contra el PSOE, y una muestra de ello son los anuncios de querellas que finalmente no se han presentado, así como las denuncias de prevaricación o los escritos de reconsideración, algo que -dicen- ''es ruido''. Y van más allá. Apuntan a las intenciones poco claras en este asunto ya que ''la ejecución pública de un diputado de la coalición de Gobierno necesariamente se negocia internamente en el seno del propio Gobierno''.
''La decisión ha sido unilateral por parte de Batet. ¿Por qué lo ha ejecutado en solitario si podría haber sido un acuerdo de la Mesa con el voto de las derechas? La presidenta no tiene estos poderes, lo tiene solo después de que el Pleno de la Cámara autorice una propuesta que previamente tiene que haber sido debatida y tramitada en la comisión del estatuto del diputado'', apuntan.
Así, se preguntan por qué la formación morada no ha actuado de forma contundente en las altas esferas e indican que, más allá de eso, dejar morir a una figura política sin consecuencia alguna ''debilita el espacio de Unidas Podemos y lanza un mensaje a navegantes''. ''Un mensaje que clarifica que ese espacio no protege ni a sus propios cuadros'', insisten desde parte de la dirección.
Podemos no ha movido un dedo
''Se han saltado muchas fases y Unidas Podemos podría recurrir al Tribunal Constitucional. Se han saltado todas las normas garantistas que protegen a la representación de la soberanía popular, marcando un precedente histórico que abre otro agujero en la calidad de la democracia española, y no han movido un dedo. Esto es extremadamente grave'', aseguran.
Estas dudas se han visto amplificadas por los últimos acontecimientos. Concretamente señalan al nombramiento de Enrique Arnaldo como nuevo magistrado del Constitucional. ''¿Por qué no se defendió a Rodríguez desde la mesa de negociación? ¿Solo por meter a una persona aislada en el Tribunal Constitucional? ¿No venían a sacudir la base de la repartija de los órganos judiciales?'', crítican duramente.
''Las justificaciones son flojas y muestran el nivel de miseria con el que se actúa. Se podría haber condicionado la aprobación de los presupuestos, el apoyo a algunas leyes o simplemente actuar desde la presidencia de la comisión de Presupuestos (que es de UP). Es una muestra de que se vuelve a la dinámica de la guerra a la interna y de que no se está protegiendo ni a las propias personas'', insisten.
Para estas fuentes, esto puede repercutir también electoralmente. ''Han demostrado una terrible debilidad y es dudoso que consiga sobrevivir dentro del Gobierno hasta el final de la legislatura'', señalan para añadir que Pedro Sánchez y el PSOE han testeado con el caso de Rodríguez ''la fuerza de reacción real de su socio''. ''El espacio de la izquierda necesita una alternativa que aglutine a todas las fuerzas, más allá del que existe en la actualidad'', sentencian.
