Por unanimidad, la Comisión del Estatuto de los Diputados ha acordado este viernes conceder de plazo hasta el próximo 13 de enero al exministro de Transportes José Luis Ábalos para presentar las alegaciones que estime oportunas sobre el suplicatorio requerido por el Tribunal Supremo para investigarle en el marco del caso Koldo. Ese mismo día, el órgano parlamentario se volverá a reunir para aprobar sus conclusiones finales y elevarlas a Pleno. De este modo, el Congreso podría resolver sobre el suplicatorio a finales de este próximo mes de enero.
Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo, remitió el pasado jueves a su homóloga del Congreso, Francina Armengol, la comunicación cursada por la Sala de lo Penal del órgano en cuestión, elevando así el suplicatorio sobre el diputado del Grupo Mixto. El instructor del caso Koldo, el magistrado Leopoldo Puente, solicitó la suspensión de la inmunidad parlamentaria del exdirigente socialista al entender que existen “indicios bastantes” de la comisión de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Después de que llegara el suplicatorio a la Cámara Baja, la Mesa del Congreso organizó una reunión telemática para calificar el escrito, el cual fue remitido a la comisión competente para su tramitación. Ese mismo día, la Comisión del Estatuto del Diputado, presidida por el conservador Manuel Cobo, convocó la cita para este mismo viernes. En virtud del Reglamento del Congreso, la reunión se ha celebrado a puerta cerrada y se ha comunicado tras la deliberación, abriéndose así un plazo de hasta el día 13 de enero para presentar alegaciones.
En manos del exministro está hacerlo y para ello dispone de dos vías: o presencial o por escrito. Pero lo que está claro es que si quiere presentar sus alegaciones, o remite un documento con sus alegaciones o se podrá personar en la misma mañana del 13 de enero a eso de las 12:30 horas. Acorde al Reglamento, la Comisión del Estatuto del Diputado provee de 30 días para tramitar el suplicatorio, aunque esta vez coincide con el mes de enero, que a efectos del Congreso, es un mes inhábil. Por ello, se solicitará a la Mesa que habilite el calendario para mantener la reunión.
Independientemente de las alegaciones del exministro, la comisión se convocará de nuevo el 13 de enero por la tarde para aprobar sus conclusiones. La normativa del Congreso de los Diputados determina que el suplicatorio ha de votarse en el siguiente Pleno ordinario, por lo que este no tendría lugar hasta el mes de febrero, cuando arranque de manera formal el próximo periodo de sesiones. No obstante, el presidente de la Comisión, Manuel Cobo, ha abierto la puerta a que esta cuestión se aborde en una sesión plenaria a finales del mes de enero, siempre y cuando lo acepte la Junta de Portavoces.
Historial de suplicatorios
Hasta ahora, el Congreso de los Diputados ha tramitado un total de 47 suplicatorios, aprobando 33 y rechazando 14, dos de ellos relacionados con el mismo diputado. La última negativa de la Cámara data de 1988, y se enmarcaba en un litigio por el derecho al honor entre el exministro socialista José Barrionuevo y el hermano del etarra (y ahora arrepentido) Soares Gamboa, a raíz de la inclusión de sus fotos en carteles del Ministerio del Interior.
El suplicatorio más reciente aprobado se remonta a hace dos años, cuando el Congreso dio luz verde al Tribunal Supremo para investigar al exdiputado del Partido Popular Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación relacionados con contratos firmados durante su mandato como alcalde de Trujillo. En la pasada legislatura, también se tramitaron suplicatorios contra la expresidenta de Junts, Laura Borràs, condenada luego por fraccionar contratos a favor de un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y contra Alberto Rodríguez, diputado de Podemos. En este último caso, la situación fue más compleja: Rodríguez fue condenado por agredir a un policía en una manifestación antes de su elección, pero el Tribunal Constitucional anuló la sentencia, lo que impidió que recuperara su escaño.
En legislaturas anteriores, se autorizaron suplicatorios contra tres diputados del Partido Popular —Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte— por dar positivo en controles de alcoholemia al volante. También se tramitó el caso del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por el escándalo de los ERE de Andalucía, aunque el proceso no se completó tras la dimisión del implicado.
Asimismo, figuran en la lista los diputados de Herri Batasuna Jon Idigoras, Francisco Letamendia y Antxón Ibarguren, investigados por incidentes ocurridos en la Casa de Juntas de Guernica, durante una protesta liderada por miembros de la coalición abertzale en un acto presidido por los Reyes. En cuanto al caso de Ábalos, lo más probable, salvo una sorpresa significativa, es que la Cámara apruebe el suplicatorio, ya que el PSOE ha adelantado que lo apoyará cuando se celebre la votación.
