Más de cien profesores de Historia Contemporánea de universidades españolas y extranjeras han denunciado los argumentos del Grupo Municipal de Vox fundados en “clichés franquistas” para retirar placas de calles y estatuas de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto Tuero. Esta iniciativa se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos.

En un informe, los historiadores relatan que “más allá de la penosa articulación formal de sus argumentos, y de la falacia de la inmensa mayoría de los mismos, han recurrido para elaborarla a los viejos y desacreditados clichés pseudohistóricos de la propaganda franquista”. A diferencia de Vox, los docentes defienden “estar en condiciones de aportar pruebas documentales de todas las afirmaciones que se hacen en la presente prueba de verificación” que “ponen a disposición” de la comisión madrileña para que las estudien antes de una resolución definitiva.

El Pleno de Madrid aprobó en septiembre de este año la iniciativa de Vox, que contó con el respaldo del PP y Cs para que se iniciase haciendo uso de la Ley de Memoria Histórica que se decretó en 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Madrid retirará la calle Francisco Largo Caballero, en el distrito de Ciudad Lineal y el bulevar de Indalecio Prieto, que se ubica en Vicálvaro, y reclaman que se retiren las estatuas en su memoria, que se localizan en Nuevos Ministerios.

El Consistorio cambiará el nombre de las calles bajo el amparo del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, en la que explica que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Francisco Largo Caballero fue presidente del PSOE entre 1932 y 1935 y ministro de Guerra entre 1936 y 1937, entre otros puestos. Asimismo, los historiadores destacan que se puede considerar víctima del terrorismo, ya que en la Falange tiroteó su domicilio y casi asesinan a su hija en un atentado en el año 36. Por otro lado, Indalecio Prieto fue rival de este, y ministro cuando Largo lideraba. Los docentes quieren que este juicio técnico se convierta “en un futuro próximo en un informe donde se clarifique de una vez por todas la ejecutoria de estas dos figuras de nuestra historia contemporánea”, reemplazándolas así de “las maquinaciones propias de la baja política”.  

Asimismo, los profesores de Historia Contemporánea se amparan en la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019, que condena a los regímenes totalitarios y a sus representantes, en el que se requiere determinar una caracterización de este tipo de regímenes políticos, y asegura que ninguna de esas características que las define “puede ser asignada a la democracia republicana, que se defendió con todos los medios legales a su alcance del ataque del militarismo y el fascismo”. Sin embargo, consideran que el franquismo “sí instauraron un régimen tendencialmente totalitario”, ya que “ha sido condenado repetidas veces por la ONU, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, pero nunca explícitamente por Vox”.

La enmienda del PP y Cs, que fue finalmente aprobada, menciona el artículo 15.1. de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que ordena a las administraciones públicas la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Del mismo modo, los historiadores añaden que además de apuntar que ciertas acusaciones por parte de Vox “se refieren a épocas anteriores a la cobertura de dicha Ley”, es importante destacar “la incongruencia que encierra querer ejecutar una damnatio memoriæ sobre figuras políticas que se distinguieron por su oposición a la sublevación militar, por la defensa de la legalidad en la Guerra Civil que ésta provocó, y por ser víctimas (en tanto que perseguidos y exiliados) de la Dictadura resultante”, sostienen.

Este informe está respaldado por profesores españoles de la Universidad Complutense de Madrid, como José Álvarez Junco o Rosa María Capel Martínez; o extranjeros como Frank Molano Camargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, así como de Paul Preston de London School of Economics and Political Science, entre muchos otros.