Por si había alguna duda de con qué socios trabajan PP y Ciudadanos, este martes el pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el que el popular Martínez-Almeida es alcalde por un acuerdo con la formación naranja y el apoyo de la ultraderecha, ha aprobado retirar los nombres de dos ministros socialistas durante la II República. Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto se borrarán del callejero madrileño y también desparecerán las placas en su honor y las estatuas que tienen dedicadas.

La iniciativa ha sido de VOX y el equipo de gobierno municipal la ha secundado, lo que da idea de hasta qué punto los radicales de Abascal mandan en la Villa y Corte. El argumento de Vox y sus afines para tal iniciativa fue una resolución del Parlamento Europeo de condena a los regímenes totalitarios y sus representantes que, como se puede imaginar, se refería más bien a ideologías cercanas al partido de Abascal. Luego, se acogieron al artículo 15 de la vigente Ley de Memoria Histórica.

En su discurso, el concejal y secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, arremetió contra ambos históricos políticos calificándolos de “criminales, antidemócratas y personajes siniestros”. Se ve que los ultraderechistas estaban con ganas de pelea por el cumplimiento que los ayuntamientos han ido realizado a trancas y barrancas en relación al mismo artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que establece: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura…”.

Estos conceptos no parecen apropiados, desde luego, ni para Largo Caballero ni para Indalecio Prieto que realizaron sus tareas en gobiernos elegidos democráticamente. “No es este el caso de la retirada de honores a personajes o conceptos contrarios a la Constitución que ensalzan a la dictadura”, destacaba el memorialista Matías Alonso, coordinador del emblemático grupo de memoria histórica de la Comunidad Valenciana.

Los concejales de Más Madrid y del PSOE han coincidido en señalar que la propuesta de la ultraderecha y sus afines, busca “reescribir una historia tergiversada”. Añaden que lo que “las tres derechas” pretenden, es dinamitar la esencia de una ley que busca “empobrecer la democracia española”. Tanto el PSOE madrileño como el sindicato UGT han encargado a sus servicios jurídicos que estudien un recurso contra esta decisión.

De esta historia, escandaliza no solo que se pueda denigrar la imagen de dos políticos cuyo Gobierno salió de las urnas, en comparación con fascistas declarados a los que se han retirado los honores, sino que la ultraderecha más peligrosa marque el paso de dos partidos -PP y Ciudadanos- que se proclaman más constitucionalistas que ningún otro. Es lo que pasa cuando se vende al diablo el alma democrática.