El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a pisar un charco con motivo de unas declaraciones sobre los decesos por coronavirus en residencias españolas. Una vez más, el líder de los populares ha tratado de echar en cara a Pedro Sánchez el elevado número de víctimas al mismo tiempo que alardeaba de la gestión de los suyos en las comunidades autónomas en las que gobiernan.

En un mitin de este fin de semana, Casado aseveró lo siguiente: "Me causa vergüenza ver cómo nos podemos estar arrojando desde el Gobierno de la nación las cifras de las residencias de ancianos a las comunidades autónomas del Partido Popular, me causa sonrojo porque, lamentablemente, a nivel nacional las estadísticas dejan claro que donde más fallecidos hubo fue donde el PP no gobernaba”.

Esto tiene dos lecturas. La primera de ellas tumba por completo (otra vez) el argumentario del PP elaborado por él mismo en el que culpaba a Pablo Iglesias de las muertes en residencias ya que le acusaba de tener él las competencias. Al señalar que las comunidades en las que gobernaba el PP han registrado menos fallecidos, de facto, asume que las competencias efectivamente estaban en manos de las comunidades autónomas.

Pero además, Casado hace trampas al comparar datos. En toda España han muerto 19.500 ancianos por coronavirus o síntomas compatibles con dicha enfermedad. Al comparar los decesos en comunidades gobernadas por el PP con los datos en las gobernadas por los socialistas, están equiparando las cifras de cinco comunidades autónomas, que son las que gobiernan los suyos, con doce, que son las que comandan dirigentes del PSOE.

Las cuentas son claras. En las cinco comunidades en las que gobierna el PP (Madrid, Castilla y León, Andalucía, Galicia y Murcia) han muerto casi 9.500 mayores. En el resto, 10.000.

Cabe recordar también que la región más castigada es la Comunidad de Madrid, con 6.000, registrando casi el 30% del total. Y tampoco se puede olvidar que la gestión de Ayuso está teniendo recorrido judicial tras trascender que el Gobierno de la capital ordenó a las residencias no hospitalizar a mayores en plena pandemia del coronavirus.

Un argumentario que se cae a pedazos

el líder del PP optó por recurrir a fake news tales como que Iglesias tenía las competencias por ser el “mando único” o que Sanidad ordenó confinar ancianos en sus habitaciones. Ambas cuestiones se demostraron falsas y fue entonces cuando apostó por preguntar a Iglesias por los 300 millones de euros que prometió para atajar la crisis las residencias; pero la jugada le salió mal, pues el consejero de Justicia, Enrique López, admitió que el dinero sí llegó a las arcas regionales. Pero no es que solo llegara, es que además ya ha trascendido en qué gastó Ayuso el dinero con el que la vicepresidencia de Asuntos Sociales regó las comunidades autónomas.

De los 300 millones, a la capital le correspondieron 38,8, a los que Ayuso ya ha dado uso. La transferencia se completó a principios de mayo y la mayor parte del fondo fue empleado para adquirir equipos de protección individual (EPI), en lugar de para reforzar las limitadas plantillas.

Así, la presidenta regional habría gastado un 38,7%, unos 15 millones, en los EPI; un 17% (6,6 millones) en reforzar el personal; un 19,3% (6,7) en garantizar a las familias los ingresos suficientes y un montante de 5,3 millones para mejorar la asistencia y auxilio de las personas sin hogar.

¿Corrupción?

ElPlural.com ha publicado este fin de semana que Juan José Pérez Blanco, director de operaciones del hospital del Ifema para hacer frente a la pandemia del coronavirus concedió más de 13 millones de euros a una sola empresa sin concurso alguno.

En concreto, según ha podido saber este periódico, se trata de la firma Iberman, que forma parte del cuestionado Grupo Empresarial Electromédico (GEE), y sucedió cuando Pérez Blanco ejercía el cargo de director de gestión del Hospital Universitario la Paz, ubicado en Madrid, un puesto que desempeñó desde septiembre de 2012 hasta marzo de 2019.

Preguntado por este medio sobre esta presunta ilegalidad, el gabinete de Ayuso ha preferido guardar silencio y no responder a las preguntas planteadas por ELPLURAL.COM para conocer la versión de los hechos del gobierno madrileño.