El expresidente catalán Carles Puigdemont tramitó su autorización electrónica de viaje a Canadá con una web de intermediarios que le engañó y, además de cobrarle una cantidad que multiplica por 13 el precio oficial del gobierno canadiense, le dijo que su autorización estaba "revocada", cuando en realidad solo había sido suspendida.

Así lo publica el diario canadiense 'La Presse', que ha hablado con el abogado canadiense de Puigdemont, Stéphane Handfield. Puigdemont no tramitó su autorización directamente en la web del Gobierno de Ottawa que cobra 7 dólares canadienses (4,6 euros) sino en una de las múltiples webs con un diseño similar que solo en letra pequeña aclaran que no están relacionadas con el Gobierno.

Según el diario, la web era canadianeta-visa.com, que cobra 93 dólares canadienses (62 euros). 'La Presse' añade que esta web pertenece a una empresa catalana que ofrece servicios similares con destino a otros países, con tarifas "igualmente infladas".

Recibida su petición a través de esta agencia, las autoridades canadienses le concedieron inicialmente a Puigdemont su autorización. Sin embargo, la oficina del ministro de Inmigración, Ahmed Hussen, ha afirmado que el 29 de marzo y el 1 de abril los funcionarios le enviaron una carta en la que le pedían que facilitase información adicional. Los funcionarios le daban un plazo para que respondiese y le decían que, mientras tanto, la autorización estaba suspendida.

Sin embargo, según la versión que recoge el diario, Puigdemont nunca recibió esas cartas, sino un correo electrónico de la agencia privada con la que tramitó su autorización diciendo que su autorización estaba "revocada", no simplemente suspendida, y que el Gobierno canadiense no había explicado por qué.

El correo no era del gobierno canadiense

Puigdemont pensó que el correo venía directamente del Gobierno canadiense, cuando en realidad era de la agencia privada y omitía información importante, siempre según la versión de este diario, que ha obtenido una copia del email, incluido en la documentación que el abogado canadiense de Puigdemont ha presentado en los tribunales.

En todo caso, la decisión va para largo, porque el Gobierno canadiense tiene 90 días para presentar sus argumentos. Después, los demandantes tienen otro plazo de 30 días para alegar y, finalmente, el Ministerio del Interior tiene otros 30 para responder. Solo entonces el juez decidirá si Puigdemont puede reclamar ante el Gobierno canadiense, según ha explicado el abogado a medios locales.