El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el pleno del Congreso de los Diputados, en el que ha expuesto hoy una batería de iniciativas contra la corrupción. EFE El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el pleno del Congreso de los Diputados, en el que ha expuesto hoy una batería de iniciativas contra la corrupción. EFE



En el maremágnum del debate parlamentario sobre corrupción, en lenguaje político sobre "medidas para la regeneración democrática", y con la dimisión  obligada de Ana Mato de cuerpo presente, han pasado totalmente desapercibidas las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno para luchar contra la "lacra" que asola este país. Se han citado someramente, pero no se han analizado. Y la razón es obvia, porque ya da igual, porque llegan demasiado tarde y porque cuatro años después del estallido Gürtel, durante los que hemos visto a Rajoy defender a capa y espada a Bárcenas, a Ana Mato, a Camps, a Matas y un largo etcétera, su mensaje ya no es creíble. Demasiado tarde.

Cualquier partido podrá ser "extinguido"
Y lo más llamativo es que una de las medidas anunciada por Rajoy es de calado, de tanto alcance que modifica de facto la Ley de partidos. "Extinguir" o prohibir un partido político son palabras mayores en un Estado democrático porque la libertad de pensamiento político, articulada a través de los partidos, es la esencia misma de la Democracia. Por tanto las leyes que "extinguen" o prohíben formaciones políticas se analizan con lupa en su encaje constitucional. Recordemos que partidos antidemocráticos y fascistas, como falange española, están permitidos. Y cabe recordar también que la Ley de partidos pactada por el PP y el PSOE, cuando Aznar era Presidente y Zapatero líder de la oposición, se modificó ex profeso para que no hubiera partidos que ampararan el terrorismo. Por tanto el anuncio es de tal envergadura que, en otros tiempos y en otras circunstancias, haría correr ríos de tinta y ocuparía muchas horas de tertulias y debates. Qué no sea así es la evidencia de que todo llega demasiado tarde, tanto que ni ha merecido debate en el propio Congreso de los Diputados.

Se modificará por Ley el funcionamiento de los partidos
Es curioso, el PP se ha negado hasta ahora a celebrar primarias y ha rechazado las propuestas del PSOE de que las primarias sean obligatorias por Ley, con el argumento de que cada cual dirige su casa como estime conveniente. Pues donde dije digo digo diego, porque Rajoy ha anunciado hoy que:
1.-Los partidos tendrán que incluir en sus estatutos el compromiso de renovar cada cuatro años sus órganos de dirección.
2.-Deberán asegurar que en dicho proceso puedan participar todos los militantes mediante congresos, asambleas u otras formas de participación siempre que sean democráticas.
3.-Deberán incluir garantías concretas para los derechos de los afiliados y deberán tener un órgano que defienda sus derechos.
4.-Los partidos tendrán la obligación de expulsar a todos aquellos miembros condenados por un delito doloso y la suspensión automática de militancia cuando se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.
5.- Fiscalización de cuentas, prohibición de condonación de créditos y de donaciones no nominativas
6.- Por último, "cualquier partido que, en un plazo determinado, incumpla las nuevas obligaciones legales o no presente las cuentas al órganos fiscalizados, podrá ser extinguido".

Toda una revolución, especialmente para su propio partido, de funcionamiento estrictamente presidencialista donde el número uno pone y nombra a todos los demás cuando le da la gana y por el tiempo que le da la gana. No sé si Rajoy se ha dado cuenta, pero si se aprueba el nuevo marco legal tal y como ha anunciado en el Congreso, el partido que más va a tener que cambiar es el suyo. El PP cambiará sus estatutos no en un congreso del partido, sino por vía legal. En definitiva, cambia la Ley de partidos y los estatutos de su propio partido de una tacada. En otros tiempos sería un notición.

Y más
La financiación ilegal será un delito específico en el Código Penal, se agravarán las penas de inhabilitación y aumentarán los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción, se fijará un plazo máximo para la instrucción de los procesos, se impulsará la incautación de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver, se agilizarán los macroprocesos, el Gobierno enviará cada seis meses un informe al Congreso sobre la concesión y denegación de indultos y se mejorará las condiciones para presentar una Iniciativa Legislativa Popular. También se elaborará un nuevo estatuto del alto cargo y medidas que modificarán el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento criminal.

Pueden entrar en vigor antes de las elecciones
Si Rajoy y el PP quieren dar un mínimo de veracidad a sus intenciones, todo ese paquete puede estar aprobado en marzo y, por tanto, meses antes de que se disuelvan las Cámaras por la convocatoria de elecciones. Pero, insisto, dará igual. La revolución estatutaria del PP y otros partidos a golpe de leyes aprobadas en el Parlamento, anunciada por un Presidente que envió un sms a un senador del PP  y gerente de su partido, Luis Bárcenas, en el que le decía "sé fuerte", está invalidada de origen por los ciudadanos. Efectivamente, No Cuela.