Tras el terremoto político e institucional provocado por la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional, Moncloa ha tomado posturas.
En palabras del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, confirma que el Gobierno central “acatará” la resolución del TC a pesar de que “no comparte” su decisión, ya que es algo “nunca antes visto en las Cortes Generales”.
A continuación, Bolaños ha tildado de “máxima gravedad” lo acontecido este lunes, basando así la postura de los once magistrados en dos motivos clave: detener la acción legislativa y paralizar su propia renovación. “La ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar las Cortes Generales”, ha recordado.
“Es un asunto complejo. Esto no es un conflicto entre partidos, sino entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen desde hace cuatro años; entre quienes deseamos cumplirla y quienes no", ha remarcado y, de este modo, ha puesto de relieve el bloque que llevan perpetrando los populares durante cuatro años al no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Con sus recursos judiciales, el PP quiere controlar el Parlamento, cuando es mayoría y cuando no; decidir que se aprueba y que no", ha subrayado.
A pesar de las difíciles circunstancias, el ministro ha hecho un llamado a la calma y a la tranquilidad dirigiéndose a la ciudadanía española, ya que dice “comprender y compartir” –en nombre del Gobierno- las preocupaciones actuales que pueden crecer ante tal escenario.
“Un alto coste en términos democráticos”
Los once magistrados del Constitucional han resuelto en favor de las medidas cautelares presentadas por el PP de Alberto Núñez Feijoo para frenar la aprobación de la reforma del Código Penal del Gobierno central que se iba a celebrar en el Senado, después de haber recibido el visto bueno en el Congreso de los Diputados.
Esta postura, además de la comparecencia de Moncloa, también ha declinado en la de los máximos representantes de las Cortes Generales. Por un lado, la primera en pronunciarse ha sido la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, quien ha asegurado que se “acatará” la decisión, aunque ha alertado del “peligro de deslegitimar” el sistema democrático”.
Por su parte, el presidente del Senado, Ander Gil, también ha coincidido en el cumplimiento del dictamen del Constitucional, aunque se ha mostrado más crítico con las causas que han derivado en el escenario actual: “Lo que está ocurriendo hoy tendrá un alto coste en términos democráticos mañana”, ha advertido.
El día de hoy ha supuesto un “triste punto de inflexión” para la democracia española, ya que la decisión del Alto Tribunal “suspende la tramitación de una ley en curso” y, a pesar de que se acatara, ha manifestado que se analizara su contenido a posteriori.
Ambos representantes de las Cortes Generales, así como el ministro de Presidencia, han coincidido en que se está dando en España “una situación sin precedentes”, un hecho “inédito” en la historia democrática del país.
