Y ya van tres. Éstas son las veces que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido archivas la causa contra Guillermo Zapata. El concejal de Ahora Madrid fue denunciado por humillación a las víctimas del terrorismo después de que saliesen a la luz unos tuits de 2011 en los que hacía humor negro con la víctima de ETA Irene Villa.
Pedraz entiende, una vez más, que Zapata no tuvo la intención de ofender a este colectivo y que sus comentarios están dentro de los límites de la libertad de expresión. "Se trata de palabras que no pueden, como tales, criminalizarse", dice el tercer auto de archivo del juez, explicando con contundencia que esto solo se hace en "las dictaduras que criminalizan las palabras como si fueran hechos", donde sí "se puede procesar a la gente por lo que dice y no por lo que hace".
El juez Pedraz acepta la opinión de la Fiscalía que también había pedido el cierre de la causa contra el concejal madrileño al entender que de su conducta no se puede desprender voluntad de ofender a las víctimas del terrorismo y destaca que la propia Irene Villa, que es la persona directamente mencionada en el tuit, "no se ha sentido ofendida o humillada".
Reabierto por la Audiencia Nacional
Fue el pasado diciembre cuando la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió obligar a reabrir, otra vez, la causa contra Zapata que defiende la organización Dignidad y Justicia. En esta decisión de la AN, estuvieron a favor los dos jueces que fueron apartados de la investigación del caso Gürtel, Concepción Espejel y Enrique López, por su relación con el Partido Popular. Tras la anterior reapertura, el juez Pedraz solo tardó cinco días en dar nuevamente carpetazo al caso Zapata.
La decisión de estos jueces no fue apoyada por su compañero, el magistrado José Ricardo de Prada, que emitió un voto particular en el que señalaba directamente a sus compañeros y les recordaba que forman parte de "un tribunal de toda la sociedad, en que no puede hacer prevalecer los criterios personales o sesgos políticos o ideológicos de sus magistrados y de que debe tratar de buscar el consenso, que es transversal a toda la sociedad".
