Así se expresaba una vendedora de artesanía, atacada y amenazada por un mantero en la zona del Port Vell de Barcelona. Con lesiones en los brazos, la vendedora, argentina, ha presentado denuncia en comisaría. Aparte de quejarse por el agravio comparativo que supone pagar sus impuestos como un Pepe y tener que soportar la competencia desleal del Top Manta, que acampa justo delante de su pequeño puesto de artesanía, alegaba su indignación por haber tenido que oírse decir “Vete a tu país” ¡en boca de otro inmigrante!

“Yo pago religiosamente mis impuestos y estoy harta”

Así están las cosas en la Ciudad Condal. Un Ayuntamiento permisivo con lo ilegal que acaba condenando a quienes cumplen las leyes. La actual alcaldesa, Ada Colau, pide comprensión acerca del colectivo de manteros porque, según ella, “tienen que ganarse la vida”. La señora que, cotizando como todo hijo de vecino, tiene una paradita para vender lo que hace ella misma, o el pequeño comerciante que está hasta las cejas de impuestos, o los que tienen que pagarse el seguro autónomo, que es un impuesto que deja chicos a los del Sheriff de Nottingham, se conoce que no.

No es extraño que se haya llegado a ésta situación de locos. La permisividad con los que se saltan las leyes a su gusto y conveniencia viene de lejos. Ahora nos enteramos que el anterior alcalde barcelonés, Xavier Trías, estuvo pagando los gastos de alquiler, tributos y consumos al propietario del local en el que se encontraba el “banco expropiado” y que ha sido el detonante de los graves altercados que se han vivido recientemente en la capital catalana. 65.000 euros de vellón le ha costado la broma a los habitantes de Barcelona. Un grano de anís si lo compramos con los más de trescientos millones que Carles Puigdemont acaba de soltarles a los medios de comunicación catalanes, claro. Pero el objetivo es el mismo: que no haya ruido, que no exista protesta, que nada se mueva. El dinero todo lo compra, dicen.

Colau, que ahora se rasga las vestiduras ante el gasto de Trías, también “cotizó” algunos meses, pagando la fiesta al colectivo ocupa. Y el ciudadano de pie se pregunta ¿para qué tengo yo que cumplir con mis obligaciones como contribuyente si haciéndome ocupa y antisistema me subvencionan? Esa es la pregunta del millón.

De polvos socialistas a lodos convergentes

La tolerancia con los colectivos ocupas viene de lejos, y debemos remontarnos a los tiempos en los que socialistas y comunistas gobernaban en armonía el consistorio barcelonés. El caso de Can Vies, que tantos problemas causó a Trías en su momento, era fruto justamente de la inacción de aquella izquierda que no quería afrontar los problemas. Tratándose de un terreno destinado a equipamiento público, no se atrevieron a desalojar, limitándose a interponer demanda ante la justicia, pensando que el tiempo lo cura todo y que, a malas, la patata caliente le caería al siguiente gobierno. Fue exactamente así. El popular barrio de Sants, donde está Can Vies, fue escenario de batallas campales entre los radicales y las fuerzas de seguridad. Como ahora con el banco ocupado.

Estos son problemas viejos, enquistados, que no se han erradicado por parte del gobierno municipal por varias razones, algunas ciertamente feas. Que algún vástago de edil socialista o convergente haya formado parte de los llamados ocupas no es, en modo alguno, un tema menor, claro. Pero existe una raíz más profunda y es la confusión que existe, aún a día de hoy, en la izquierda acerca de lo que es el orden público y la dictadura. En democracia, el patrimonio del ejercicio de la fuerza en la calle la tienen los cuerpos de seguridad del estado, sometidos a la autoridad legal y democráticamente elegida por la ciudadanía. Si se sigue con el cliché de la policía de Franco, es que los últimos cuarenta años de democracia no han servido para nada.

Algo habrá que explicarles a los honrados barceloneses que ven cómo se subvenciona a unos que, aunque digan que dan cursos gratis a los vecinos o ropas a los desheredados, están instalados a pan y cuchillo merced al generoso óbolo municipal. Porque hay mucha gente que imparte cursos gratuitos o practica la solidaridad con los desprotegidos, sin causar disturbios ni problemas a los vecinos, y el ayuntamiento no les da ni las gracias. Si los políticos dan éste mal ejemplo, los que pagamos todos los impuestos estaremos en nuestro derecho de declararnos en huelga de pagos. El cierre de cajas, que decían los clásicos.

Claro que, a los autónomos, por ejemplo, no nos dan opción. Si no pagas, te embargan la cuenta corriente, te quitan la vivienda y te dejan en la miseria. Vaya con los ocupas, así ya se puede ser antisistema.

Por cierto, el socialista Jaume Collboni, flamante socio de Colau, ¿qué dice de todo esto?

Misterio.