La Junta de Andalucía se ha amparado en el marco de contratación pública excepcional usado en la pandemia de coronavirus para justificar los contratos a dedo con la sanidad privada por 120 millones de euros. En concreto lo ha hecho a través del gabinete jurídico del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla, que ha refrendado este sistema tras aprobar el pasado 21 de febrero este paquete con el objetivo de derivar pacientes para rebajar las listas de espera. Así, se acoge al marco regulatorio europeo para situaciones de "catástrofes naturales".
Contratos a dedo con la privada en Andalucía
La gerencia del Sistema Andaluz de Salud (SAS) lleva desde el pasado verano trabajando en un procedimiento de contratación para reducir las elevadas listas de espera que aquejan la sanidad pública de Andalucía. Un procedimiento que ha terminado en una vía más rápida: contratos a dedo con centros privados sin publicidad para trasladar 91.000 pacientes en seis meses con un presupuesto de 120 millones de euros, abiertos a ampliarse hasta los 275,6 millones.
Para ello, el SAS utilizó el mismo sistema de emergencia que durante la pandemia por coronavirus debido a la "imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo" recogido en la Ley de Contratos Públicos. Esta decisión fue muy cuestionada dentro del propio Gobierno de Moreno Bonilla y de la Consejería de Salud, que apelaban a las "muchas dudas jurídicas" de emplear este método en pleno 2024.
Es por ello que el gabinete jurídico de la Junta apeló a "la necesidad" de realizar un informe jurídico "complementario" en el que "se desarrolle la idoneidad del procedimiento negociado sin publicidad" para estos contratos con la sanidad privada. Unos documentos complementarios a los dos ordinarios que fueron favorables y fueron realizados por la asesora jurídica del SAS, Elena Sanmartín Trejo, quien ha vuelto a dar su visto bueno a este sistema, tal y como ha publicado elDiario.es.
Ahora, este nuevo informe jurídico justifica los contratos a dedo hasta el año 2025 argumentando que las consecuencias de la pandemia continúan hoy en día, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el fin de la emergencia internacional por el coronavirus el 5 de mayo de 2023. Así, insisten en el que aumento de las listas de espera quirúrgica en Andalucía durante el último año y medio han sido "acontecimientos imprevisibles" y "no imputables" a la gestión del propio sistema público.
La Junta se acoge a las "catástrofes naturales"
Cabe destacar que en esta ocasión la Junta que lidera el popular Moreno Bonilla se ampara en el marco regulatorio europeo para situaciones de "catástrofes naturales" para ello -este permite saltarse los procedimientos abiertos, concretamente la directiva 2014/24,- y a unas "orientaciones" que la Comisión Europea emitió en el año 2020 sobre el uso de contratación publica rápida en situación de emergencia en el marco del covid.
"Resulta evidente que las circunstancias actuales no son las que se tuvieron en consideración para la emisión de las citadas orientaciones, pero algunas de las mismas sí nos pueden servir como criterio interpretativo sobre lo que debemos entender por imperiosa urgencia, acontecimiento imprevisible y no imputabilidad al órgano de contratación", recoge el informe jurídico del SAS.
Cabe destacar que ambos puntos siguen vigentes y las administraciones pueden hacer uso de ellas en situaciones de emergencia que no sean el coronavirus, como ha sido la guerra en Ucrania, sin embargo, la Comisión Europea advierte en sus pautas contra el "abuso de la contratación sin publicidad más allá del tiempo necesario", la enmarca solo para casos "estrictamente necesarios" y advierte a las autoridades que deben justificar su uso "caso a caso" con la elaboración de un "informe específico".
El bajo número de cirugías
Entre tanto, la junta insiste en que los retrasos son provocados por la pandemia y ha derivado en un "incremento en el número de pacientes en lista de espera que supera el plazo máximo legal para operarse". De 2021 a 2022, el incremento de pacientes derivados a la lista de espera para una cirugía fue del 9,4%, lo que supuso 38.600 más, mientras de 2022 a 2023, el aumento fue tan solo del 1,4%.
Además, el SAS se acoge a las "consecuencias económicas" que implicaría el que todos esos pacientes fuera de plazo reclamaran su derecho a ser operado en la privada a cuenta del erario público, como establece el decreto de garantía asistencial de la Junta. "Puede resultar oneroso para las arcas públicas y además se produciría un trasvase de pacientes desde la sanidad pública a la privada sin un seguimiento y regulación adecuados como establece el presente expediente", asegura el documento.
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