El interrogatorio a Juan Botella, asesor también del conseller de Agricultura, se prolongó por espacio de tres horas y fue especialmente duro. Las preguntas fueron sobre las filtraciones que había habido hace un año desde la Generalitat de documentos de presidencia. Rafael Piqueras, número dos de la policía autonómica y jefe de Seguridad del Palau de la Generalitat, será objeto de investigación por haberle interrogado. A Botella se le reprochó en el interrogatorio el tener amistad con algunos periodistas, y se le habría presionado para que culpabilizara al vicepresidente Císcar. Se negó. Botella declaró en dos ocasiones ante el policía. La segunda, a petición del periodista.

Expediente informativo
La investigación la anunció ayer la portavoz del Consell, María José Català, y la confirmó el titular de Gobernación, Luis Santamaría, del que depende la policía autonómica y que será el departamento encargado de averiguar lo ocurrido. El conseller explicó que ha decidido la apertura de un "expediente informativo de carácter reservado" y remarcó que el Consell "tiene la obligación de defender los derechos y libertades fundamentales".

No hay procedimiento judicial alguno
Las palabras de Santamaría aseguran que el interrogatorio al que fue sometido el jefe de prensa del número dos del Consell se produjo sin que mediara expediente abierto alguno que lo justificara; "yo tengo conocimiento de estos supuestos hechos una vez los vemos publicados. Antes no hay ninguna investigación oficial ni extraoficial, ni policial. Ninguna".

Investigación interna
Según información del Diario de Levante, la administración autonómica ya abrió una investigación interna para tratar de averiguar el origen de las filtraciones de diversa documentación de presidencia de la Generalitat, entre la que se incluía una nómina del presidente Fabra así como facturas relativas a distintos gastos realizados por la secretaria autonómica de Organización, y mano derecha del jefe del Consell, Esther Pastor.

Filtraciones desde Vicepresidencia
Esta investigación, y la que se derivó a la fiscalía para tratar de encontrar al “topo”, se cerró sin ningún resultado. Sin embargo, en el entorno de presidencia de la Generalitat siempre sigue manteniendo la sospecha de que el origen de esas filtraciones estaría en vicepresidencia. Para la apertura de este tipo de procesos es necesario seguir el procedimiento establecido en el reglamento del Estado regulado en la ley de funcionarios civiles, que obliga al nombramiento de un instructor y a dar audiencia a las partes, entre otros.