El contrato para la privatización de la empresa municipal de aguas del municipio colombiano de Pasto, en el que iba a comprometer más de cien millones de euros, se le está escapando de las manos al Canal de Isabel II, que hasta ahora figura como la mejor posicionada para lograrlo. La adjudicación, que estaba prevista para el pasado 25 de septiembre, ha sido aplazada hasta el 28 de octubre.

La coincidencia de esta fecha con la celebración de elecciones locales el 25 de octubre pone en serio peligro que se tome una decisión sobre la adjudicación, dada la fuerte oposición pública contra la privatización y el posicionamiento en contra de algunos de los candidatos al gobierno municipal con mayores opciones de ganar la alcandía. La privatización de la empresa municipal de aguas, EMPOPASTO, lleva meses generando todo tipo de protestas de movimientos ciudadanos de Pasto y se ha convertido en elemento esencial de la campaña electoral.

Un estudio del Observatorio Social de la Universidad de Nariño cifra en un 78,4% el nivel de oposición popular a la privatización. La privatización de EMPOPASTO firma parte de las operaciones en el exterior del Canal, realizadas a través de la filial INASSA, que gestiona el abastecimiento de agua y otros servicios públicos en Colombia, Brasil, México, Panamá, Ecuador y República Dominicana. La inversión de más de cien millones de euros en el proyecto lo convierte en una de las mayores operaciones de la empres pública madrileña en el exterior.

El riesgo financiero de la operación, que se aborda a los pocos meses de haber cerrado una emisión de 500 millones de euros para financiar la deuda de 1.138 millones de euros que tiene el Canal, ha despertado alarmas en los grupos políticos de la oposición de la Comunidad de Madrid. Aunque es una empresa con importantes beneficios, 225 millones el último ejercicio, los compromisos financieros y políticos que lastran su gestión hacen que casi el 70% de esas ganancias se repartan entre el gobierno regional y los 111 municipios de Madrid que forman su accionariado.

El margen de maniobra financiera del Canal queda así muy limitado y esos cien millones que quiere comprometer complican aún más la situación. El Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid ha pedido un control parlamentario de las actividades del Canal y una revisión de los actuales negocios en el exterior, muchos de ellos envueltos en fuertes polémicas, como el abastecimiento de agua a la ciudad colombiana de Santa Marta, con adjudicaciones en medio de polémicas por corrupción y protestas populares por cortes del suministro.