La suspensión de la contrata se produce a instancias de Aquagest Levante, SA, filial de Agbar, que denunció que con esta licitación lo que el Ayuntamiento pretendía realmente era beneficiar a Aguas de Valencia, actual concesionaria del servicio de distribución de agua y saneamiento de Gandia, duplicando el plazo de vigencia de esa concesión y reconociéndole una indemnización de casi 90 millones de euros.
“Distorsión inaceptable del mercado”
La juez señala en un auto al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM que el consistorio gandiense había vuelto a licitar la concesión para que Aguas de Valencia recibiera una compensación millonaria. “El Ayuntamiento y Aguas de Valencia han acordado hace solo dos o tres años resolver unos contratos, celebrados con una duración de 25 años, para volver a sacar a licitación el servicio, con una duración de 50 años, imponiendo al nuevo adjudicatario la obligación de abonar no solo el canon correspondiente, sino también la indemnización reconocida a Aguas de Valencia por daños y perjuicios”, afirma la juez Alabau.
La juez denuncia “desviación de poder”
Los hechos a los que hace referencia el documento se remontan a 2008 cuando el Ayuntamiento de Gandia, dirigido entonces por los socialistas, licitó la concesión del agua y Aguas de Valencia fue la que presentó la mayor oferta económica que ascendía a 55 millones de euros. La compañía abonó dicha cantidad en concepto de canon tras hacerse con la gestión.
En el auto, la jueza establece que el concurso suspendido deja como único posible licitador a Aguas de Valencia, que hace una distorsión inaceptable del mercado, que impide la concurrencia de otros licitadores y que supone desviación de poder. Así, la jueza entiende que el objetivo final del consistorio era dejar a Aguas de Valencia como único beneficiario, ya que ningún competidor accedería a pagar un canon por la gestión del agua y encima abonarle 90 millones a Aguas de Valencia.
Nuevo revés para Eugenio Calabuig
La suspensión de la adjudicación supone un nuevo revés para el presidente de Aguas de Valencia, SA, Eugenio Calabuig, denunciado ante la Audiencia Nacional junto con los anteriores administradores del Banco de Valencia, entre ellos el ex presidente José Luis Olivas, y el exconsejero delegado Domingo Parra, por estafa, administración desleal y apropiación indebida. Entre los supuestos hechos delictivos figura el trato de favor de Parra a Calabuig, al utilizar dinero del banco para proporcionar a este último el control de Aguas de Valencia contra los intereses del banco, y otras operaciones inmobiliarias también contrarias a los intereses del banco, encaminadas al enriquecimiento de Calabuig y Parra. Este es un episodio más en la lista de desaguisados que se suma a los casos Gürtel, Banco de Valencia y Emarsa.
El último choque entre las dos empresas
El conflicto judicial por la adjudicación de Gandia es el último choque entre dos de las principales gestoras hídricas españolas. Agbar y AVSA mantienen litigios por el suministro del agua en las áreas metropolitanas de Valencia y Barcelona. En el de Valencia, fue la firma local la que se adjudicó el contrato con una duración de 50 años y unos ingresos de 2.500 millones de euros. En el proceso de Barcelona, fue la empresa catalana quien consiguió la contrata por un periodo de 35 años y una facturación de 10.500 millones.
