Durante su intervención en el simposio 'La gran transformación de los servicios públicos: 40 años que cambiaron España', el presidente de Aguas de Barcelona (Agbar) y director general de Suez Environment, Ángel Simón, ha señalado que, la gestión del agua "puede ser pública o privada bajo control público", pero que "el gestor privado está sujeto a una regulación que permite a la Administración ejercer facultades de supervisión y control".
"El agua es pública y de dominio municipal, con lo que no cabe remunicipalizarla. En todo caso, cabe el debate sobre el modelo de gestión, por parte de un ente público, privado o una fórmula intermedia", ha aseverado.
El agua como derecho implícito en España
Pese a que el derecho al agua no aparece reconocido como derecho fundamental en la Constitución, Simón ha señalado que la Carta Magna "lo considera implícito" al reconocer derechos como el de la vida, la salud, el medio ambiente o a una vivienda digna. "Ninguno de ellos puede ejercerse con plenitud si no existe la garantía previa al derecho al agua", ha dicho.
Asimismo, ha señalado que "la hibridación entre la voluntad de servicio público y la sostenibilidad económica son fundamentales para la consagración de ese derecho". "Sin el obligado contraste con la realidad, sin sostenibilidad económica, los derechos son una entelequia", ha aseverado.
Regulador único
Respecto a la gobernanza de este derecho, Simón ha señalado que existen tantos reguladores como municipios, y por ello ha pedido "avanzar y fortalecer la actual regulación del sector como solución fundamental para solventar los desequilibrios hídricos territoriales". Por otro lado, ha llamado a "situar el conocimiento técnico en el centro de la toma de decisiones y evitar de esta manera que posiciones ideológicas frenen el desarrollo y la implantación de soluciones efectivas". "Para ello, necesitamos gobernanza; saber cuál es el papel que asume cada uno, así como sus responsabilidades", ha explicado.
En este sentido, ha llamado a establecer "un regulador único", pues cree que permitiría "establecer unos criterios fijos a la hora de definir la calidad del servicio para todo el territorio", definir las inversiones estratégicas, "normas claras para todos" y sanciones en caso de incumplimiento.
