Santiago Cantera, prior-administrador de la Abadía del Valle de los Caídos, podría ignorar la llamada del Senado del mismo modo que ha ignorado el mandato de las sentencias judiciales, que le instan a exhumar los cuerpos de doce víctimas del franquismo. Con una salvedad; en el caso del Senado, el Prior no incumpliría la ley si se niega a comaprecer ante la Comisión de Justicia, dado que no es una comisión de investigación.
El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha confirmado a El Plural que Cantera no tiene obligación de ir al Senado; aunque no cree que el prior ignore la llamada de la Cámara Alta. "Se me hace muy duro pensar que la Iglesia no vaya a colaborar con las instituciones democráticas" reflexiona Gil. "Este señor tiene unos superiores en su orden, en el arzobispado de Madrid y en la Conferencia Episcopal; no me entraría en la cabeza que la Conferencia Episcopal animase a alguien a incumplir las leyes y las sentencias judiciales".
La lglesia no sabe o no contesta
La Conferencia Episcopal se considera a sí misma un órgano colegiado que no tiene jurisdicción directa sobre las diócesis, mientras que en el Arzobispado de Madrid, contactados por este diario, se niegan a hacer ninguna clase de declaración o comentario. A la hora de publicar este artículo, tampoco ha sido posible contactar con Santiago Cantera, ni con nadie de la Abadìa del Valle de los Caídos.
Muy diferentes serían las circunstancias si Cantera hubiera sido llamado por una comisión de investigación, ya que negarse a acudir a ésta supone un delito según el artículo 76.2 de la Constitución. En cualquier caso, el prior podría estar incurriendo en un delito de desobediencia al negarse a cumplir la sentencia que le obliga a permitir la identificación y exhumación de los restos de los hermanos Lapeña. Cantera no sólo ha ignorado esta sentencia, sino que también se ha negado a permitir el acceso incluso a técnicos del Estado, que es el propietario del Valle de los Caídos a través de Patrimonio Nacional.
Las razones que Patrimonio no da
El portavoz socialista explica que los motivos aducidos por Cantera para vetar el acceso, no sólo a los restos de los Lapeña, sino incluso a la Iglesia, se deben a posibles daños para el patrimonio. "Y sin embargo", explica Ánder Gil, "Patrimonio Nacional dice que no hay problema. En cualquier caso, nuestra prioridad en este caso son las familias que quieren recuperar los restos de sus seres queridos. Lo hacemos a instancias de ellos y tambien porque hay una sentencia judicial. Lo único que queremos es que se cumpla la ley".
