La Audiencia Provincial de Madrid consideró suficientes los indicios de delito contra el Partido Popular por la destrucción de los dos ordenadores del extesorero Luis Bárcenas que contenían, presuntamente, información sobre la contabilidad irregular del partido, que pretende que se aplique la doctrina Botín, para salvarse del banquillo por esta causa.

La doctrina Botín, una interpretación de la ley que en su día benefició al banquero fallecido, establece que cuando las posibles acusaciones particulares no actúan y tampoco lo hace la Fiscalía, no es posible que la causa se mantenga abierta únicamente con acusaciones populares. En este caso, la víctima directa del daño, Luis Bárcenas, renunció a seguir acusando al PP y se ha retirado y el fiscal no ve delito, por lo que las acusaciones populares (Izquierda Unida, Adade y Observatori DESC) poco podrían hacer.

Los otros acusados
En sus alegaciones, el PP pidió la aplicación de la doctrina Botín . "Resulta evidente que, si el supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal, y si tampoco concurre el interés general o público que ostenta el Ministerio Fiscal -quien en reiteradas ocasiones ha manifestado la ausencia de relevancia penal de los hechos-, no es posible mantener la causa abierta únicamente a instancias de las acusaciones populares", dice el escrito, que recuerda "la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo".

La doctrina Botín también libraría del presunto delito a los otros acusados por los daños informáticos: la tesorera del PP, Carmen Navarro; el responsable jurídico, Miguel Durán; y el informático José Manuel Moreno. Estas personas, además, están acusadas del delito de encubrimiento, basado en que la destrucción de los dos discos duros buscaba ocultar las pruebas de la contabilidad B del Partido Popular.

Las acusaciones populares creen que el daño trasciende a Bárcenas

La aplicación de la doctrina Botín salvaría al PP y parcialmente a la tesorera, al abogado y al informático, que irían al banquillo sólo por el presunto delito de encubrimiento. Las acusaciones populares, entre ellas Izquierda Unida, entienden que los daños informáticos "trascienden el daño causado a Bárcenas", ya que entorpecieron una investigación de relevancia de la Audiencia Nacional y reclaman que no se aplique la conocidad como doctrina Botín.