Política
Cospedal con Jesús Labrados y Agustín Conde. EP.
Cospedal con Jesús Labrados y Agustín Conde.
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EP.

Ley Mordaza: Seis veces sancionado, 6.000 euros de multa y seis veces absuelto

La represión contra los que protestaban por los recortes de Cospedal le supone al Estado miles de euros en costas

L. RODRÍGUEZ
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Dom, 17 Sep 2017

La estrategia ´de Mariano Rajoy contra los críticos que se oponían a los recortes sociales, educativos y sanitarios aplicados por el PP era clara y contundente: Primero echó mano del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para llevar a cabo uno de los mayores atentados contra las libertades, la Ley de Seguridad Ciudadana conocida por todos como Ley Mordaza, a la que acompañó la desorbitada subida de las tasas judiciales (ahora suprimidas) aprobadas contra la opinión de toda la comunidad jurídica por el ínclito exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Con estas dos regresivas leyes la derecha podía campar a sus anchas y llevar a cabo su ansiada política del silencio, y quien osaba a romper la “paz” de la calle se le aplicaba sin miramientos las sanciones, detenciones e identificaciones propias de épocas pasadas y no de un Estado de Derecho plenamente democrático. Al menos antes de que entraran en vigor estas dos normas regresivas que, como decimos, “afecta gravemente a derechos fundamentales”, según expresaron en su momento destacados expertos constitucionalistas.

Jueces al rescate de los sancionados
El caso es que miles de personas fueron sancionadas porque la policía les denunciaba sin pruebas (su palabra era ley), o porque un grupo de personas se concentraban en una plaza o, sencillamente, por hacer una foto de una carga policial, entre otras rocambolescas razones. Tal fue el caso del responsable del Sector Autonómico de la FSC-CCOO de Castilla-La Mancha, Ramón González,  sancionado con 500 euros como  “responsable de una concentración no autorizada” contra los despidos de interinos que estaba ejecutando María Dolores de Cospedal cuando presidía el Gobierno castellano-manchego (2011-2015). Pero con lo que no contaba el PP era con la coherencia de la Justicia española, que ha ordenado a la Delegación del Gobierno de CLM devolver a González los 500 euros con los que le sancionó el entonces delegado del Gobierno, secretario general del PP, además de mano derecha de Cospedal, y actual senador, Jesús Labrador.

Una chapuza del PP de Cospedal
La sentencia, a la que ha tenido acceso (ver), deja claro que la Delegación del Gobierno impidió a Ramón González defenderse de la supuesta “infracción grave en materia de Protección de la Seguridad Ciudadana”, privándole de “medios de defensa” e imponiéndole la sanción sin abrir periodo probatorio y sin practicar las pruebas testificales reclamadas por el responsable sindical. El magistrado subraya que “resulta claro que la prueba testifical propuesta por el recurrente era completamente pertinente y la instructora del expediente debió admitirla y practicarla en debida forma”. Al no hacerlo, dice, “causó indefensión al interesado” y, “a la vista de la reiterada jurisprudencia constitucional, vulneró su derecho de defensa”.

Anulada la sexta y última sanción
Pero lo más esperpéntico de este escabroso asunto ya no es la injusta sanción y la indefensión, que también, sino la persecución a la que fue sometido el sindicalista, que a lo largo del mandato autonómico de Cospedal fue sancionado en seis ocasiones por el hombre de confianza de la hoy ministra de Defensa, por su implicación y liderazgo en las movilizaciones de los internos de la JCCM contra los despidos promovidos por el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Todas esas sanciones, que sumaban en total 6.000 euros, han sido anuladas, algunas en la fase administrativa (recursos de alzada) y otras en la judicial (recursos contenciosos), teniendo la Administración que devolver al sindicalista el importe de las sanciones y, en su caso, abonar además miles de euros en costas judiciales.

Justificada indignación del sindicalista
En este sentido, Ramón González lamenta que en “su afán por reprimir las lógicas, legítimas y más que justificadas movilizaciones de los trabajadores interinos en defensa de sus puestos de trabajo, al señor Labrador no le importaba saltarse a la torera una y otra vez el Estado de Derecho, eludiendo las más elementales garantías constitucionales y atropellando derechos tan básicos como el derecho de defensa”, añade, “duele y alarma la arbitrariedad con la que algunas personas, como el señor Labrador, son capaces de utilizar en su interés o de su partido las potestades que conllevan los cargos públicos que ocupan”, para finalizar concretando que, “ y alarma aún más que la tenebrosa Ley Mordaza del PP haya multiplicado las posibilidades de las autoridades administrativas para perseguir, reprimir y sancionar a su antojo”.