La Unidad Central Operativa (UCO) investiga el presunto chivatazo que desde el Gobierno se dio a Ignacio González para advertirle de su posible detención, efectuada finalmente este miércoles. Según adelanta hoy El Mundo, el expresidente madrileño recibió el aviso desde "esferas de poder" y, en particular, "desde alguien del Gobierno". Fuentes solventes consultadas por ELPLURAL.COM han explicado que al tratarse de una operación de la Guardia Civil, es obligatorio que se comunique al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de la detención.
La UCO sospecha que tras ser avisado, Ignacio González pudo desprenderse de documentación comprometedora, antes de los registros efectuados en su domicilio, en Aravaca, y en su despacho de la calle Alcalá. Es más, el expresidente del Gobierno, según fuentes de la unidad de la Guardia Civil, cambió "su modus vivendi". Como sus teléfonos estaban bajo vigilancia, los agentes detectaron que el contenido de sus comunicados sufrieron un cambio llamativo y pasaron a ser de nulo interés para la investigación. Además, González cambió sus horarios habituales y el tiempo que estaba en su vivienda.
La UCO quiere que se instruya por separado el 'chivatazo'
Según las fuentes citadas por El Mundo, alguien que conocía que la operación Lezo estaba a punto de desencadenarse encargó a otra persona que fuera a ver a González, personalmente, y le avisara.
Hay que tener en cuenta que la investigación sobre las presuntas irregularidades en el Canal Isabel II, en las que está implicado Ignacio González, es una operación en la que trabajaban desde hace meses no sólo la Guardia Civil, sino también la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Sobre esta última, ha trascendido la intención del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, de que no se registrara el domicilio del político.
Los investigadores quieren que el juez abra una pieza separada del sumario para investrigar la autoría del chivatazo.
