Con las lluvias torrenciales, que se repiten cada año en España, las inundaciones y los destrozos son cada vez más recurrentes, intensos, y parece que inevitables. El cambio climático es uno de los factores principales que tienen que ver en estas catástrofes derivadas de las tormentas, sin embargo no es lo único.

La mano humana es también un punto clave para explicar qué está pasando en ciertos lugares de la península, donde la crecida de los caudales anega muchas poblaciones. Y es que se estima que en nuestro país hay más de 50.000 construcciones en cauces de ríos y en zonas en alto riesgo de inundación. 

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, en España hay zonas con más riesgo de sufrir inundaciones, que se agrupan en la costa mediterránea y levantina, siendo las provincias más afectadas Valencia, Barcelona, Alicante, Málaga y Tarragona. Un ejemplo de ello son las lluvias torrenciales de las pasadas semanas, que dejaron calles inundadas, barro y numerosos daños materiales en regiones como Toledo, Tarragona, Valencia, el sur de Madrid, Cuenca o Murcia. 

Ecologistas en Acción señala a ElPlural.com que, para evitarlo, ''el primer paso es que no se sigan construyendo viviendas o edificaciones en dominio público hidráulico y en zonas inundables. Hay que parar las planificaciones urbanísticas irracionales e ilegales que permiten esas construcciones''. Denuncian que no se están tomando medidas cuando está recogido por ley.

Lo que dice la Ley

Según el artículo 28 del Plan Hidrológico Nacional sobre protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas inundables, ''se adoptarán las medidas necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo''. Así, la legislación obliga a las administraciones a eliminar las edificaciones ya existentes, algo que no se está haciendo.

Erika González, portavoz de Ecologistas en Acción, apunta que esto se debe a que ''tiene un elevado coste económico y hay una tensión sobre quien va a asumirlo''. Con todo, destaca la importancia de hacerlo: ''Es complicado y costoso pero no vemos otra salida si queremos proteger vidas y que no se generen esos daños materiales''.

Este es un fenómeno que, de seguir así, se repetirá cada año y cuyos daños se elevan a cerca de 154 millones de euros en los últimos siete años, según recogen los planes de actuación del Ministerio para la Transición Ecológica. Por eso, González destaca la necesidad de tomar acciones ya: A la retirada de las edificaciones ya construidas, también contemplan otras, como ''recuperar la vegetación de la ribera para ralentizar la fuerza del agua en la crecida; modificar las prácticas agrícolas; y quitar diques y motas que generan una falsa sensación de seguridad''.