Según el último censo de viviendas del INE (Instituto Nacional de Estadística), de 2021, en España hay 3,8 millones de viviendas vacías, casi el 14% del total. Además, el INE estima que hay 2,5 millones de viviendas de uso temporal.
El INE ha publicado un buscador de viviendas vacías por municipios donde se puede consultar el porcentaje de viviendas vacías en cada municipio. El 33,3% de la vivienda vacía se encuentra en municipios de menos de 1.000 habitantes, el 21,6% se encuentra en municipios de 1.001 a 10.000 habitantes, el 13,9% se halla ubicado en municipios de 10.001 a 50.000 habitantes, el 10,2% se encuentra en municipios de 50.001 a 250.000 habitantes y el 7,5% se localiza en municipios de más de 250.000 habitantes. Este último dato supone 285.000 viviendas disponibles sobre el papel en las ciudades más tensionadas por la carestía de los alquileres.
Mucho se habla y se hablará sobre las posibles soluciones a la acuciante falta de ofertas de alquiler. Pero, detrás del problema hay una mezcla de responsabilidades compartidas: ausencia de coordinación entre las distintas administraciones públicas (estatal, autonómica y local), en muchos casos por deslealtad institucional al tener distinto color político.
Entre las medidas a corto plazo para incentivar la puesta en alquiler de viviendas vacías las más urgentes son las exenciones y bonificaciones del IRPF o el IBI para los propietarios que pongan sus viviendas vacías en el mercado. Pero en este ámbito nos tropezamos con la resistencia de los ayuntamientos a reducir sus ingresos fiscales en una coyuntura política en la que cada vez se ve más lejana una reforma fiscal a fondo.
Otro paquete de medidas interesantes tiene que ver con las garantías para el propietario: seguros de impago y protección frente a desperfectos en la vivienda. Aquí cabe la introducción de cláusulas en los contratos que contemplen una inspección anual del inmueble para evaluar si el arrendatario cumple con las condiciones pactadas: correcto mantenimiento, cambios de uso o subalquiler. Se evitaría así la cronificación de los problemas detectados y se estimularía la responsabilidad del arrendatario.
Los programas de mediación encaminados a facilitar la relación entre propietarios y potenciales inquilinos, ofreciendo asesoramiento y apoyo en la gestión del alquiler, son una buena alternativa a los castings de inquilinos y a prácticas de discriminación por racismo u otras causas.
Las propuestas apuntadas están siendo implementadas con éxito en distintas ciudades y comunidades autónomas, pero falta voluntad política para generalizar las buenas prácticas y abandonar el frecuente hábito de descargar las responsabilidades en otras administraciones y no en la propia.
