No obstante, no son pocos los datos que van en contra de este cada vez más rumoreado avance electoral. De entrada las últimas encuestas apuntan a un claro retroceso en las expectativas de voto de CiU, derivadas en gran parte de los drásticos recortes sociales que el Gobierno de Artur Mas lleva haciendo desde que recuperó el poder pero también por el descontento de gran parte del electorado nacionalista con la alianza preferente de CiU con el PP. De ahí que no sea nada improbable que en las próximas semanas, o a lo sumo en los próximos meses, asistamos a una especie de divorcio más o menos pactado entre ambas formaciones políticas, con un previsible acercamiento de CiU y ERC. Pero para ello será necesario que se produzca una radicalización nacionalista mucho más que verbal por parte de CiU. De ahí que Artur Mas y la cúpula dirigente de CiU se esfuercen cada vez más en endurecer su política de enfrentamiento, en concreto con una estrategia que a corto plazo puede pasar por la convocatoria de una consulta popular sobre su propuesta de pacto fiscal y que a medio plazo podría desembocar en otra consulta popular, esta última sobre la independencia de Cataluña.

Mientras se ciernen estas incertidumbres sobre el inmediato futuro político catalán, otros datos contribuyen a complicar la situación. Por una parte está la actual situación del principal partido de la oposición, el PSC, a la espera de la convocatoria de un proceso de elecciones primarias abiertas del que debe salir su candidato a la Presidencia de la Generalitat, con un proyecto político de alternativa de izquierdas al actual Gobierno de CiU. Por otra parte, la dirección de CiU se ve muy condicionada y presionada por varios asuntos judiciales –el “caso Mollet” de multimillonaria estafa en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, que supuestamente habría contribuido a financiar de forma irregular a CDC, o en la ramificación catalana del “caso Campeón”, en el que aparecen implicados altos cargos de la Generalitat y de CDC a través de una trama urdida alrededor de las concesiones de ITV- que pueden tener graves consecuencias para algunos altos dirigentes de CDC.