Sánchez apuesta por reforzar el Estado del Bienestar y la derecha por destruirlo

Nunca antes en democracia un Gobierno de España había transferido tantos recursos a las comunidades autónomas como lo ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En solo siete años, el Estado ha destinado 300.000 millones de euros más que en la etapa de Mariano Rajoy. Es una apuesta histórica y sin precedentes para garantizar una sanidad pública de calidad, una educación accesible, políticas de vivienda, atención a la dependencia y servicios sociales universales. En definitiva: un compromiso firme con el Estado del Bienestar como pilar de cohesión social y justicia.

Sin embargo, ese esfuerzo no se está traduciendo en mejoras visibles en la vida cotidiana de millones de personas. Y la responsabilidad tiene nombres y apellidos: Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. A pesar de recibir más recursos que nunca, estas comunidades están recortando, privatizando y desmantelando servicios esenciales. ¿Cómo es posible que, con más dinero público que nunca, la sanidad pública esté colapsada y la educación pública se esté debilitando? Porque, mientras el Gobierno de España apuesta por lo común, los gobiernos autonómicos del PP están utilizando esos fondos para construir un modelo privatizador, excluyente y profundamente desigual.

Entre 2019 y 2025, el Gobierno de España habrá transferido a la Comunidad de Madrid 130.000 millones de euros. De esa cifra, 43.000 millones son adicionales respecto a lo que recibió durante el mandato de Rajoy. Es decir, Ayuso ha contado con más recursos que nunca para reforzar la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia. Pero ha elegido no hacerlo.

Según los datos disponibles, solo el 45% de esos fondos se ha destinado directamente a servicios públicos. ¿Y el resto? Más de 5.000 millones en regalos fiscales a grandes fortunas y más de 1.000 millones en contratos con empresas privadas como Quirón. Mientras tanto, la sanidad pública madrileña se hunde en el caos: colapsan las urgencias, escasean los especialistas, faltan médicos en atención primaria y miles de personas esperan meses —cuando no años— por una operación o un diagnóstico.

La paradoja es escandalosa: con más dinero que nunca, los servicios públicos están peor que nunca. No por falta de recursos, sino por una decisión política clara: debilitar lo público para beneficiar a lo privado.

La otra comunidad donde esta estrategia se aplica con total claridad es Andalucía. Desde que Moreno Bonilla llegó a la Junta, ha recibido 54.000 millones de euros adicionales, lo que supone un aumento del 47% respecto a la financiación bajo el Gobierno de Rajoy. Sin embargo, los ciudadanos andaluces tampoco ven mejoras en sus servicios públicos.

Moreno Bonilla ha destinado 1.500 millones a la sanidad privada, ha cerrado más de 2.000 aulas públicas, y —de forma absolutamente injustificable— ha renunciado a 120 millones de euros de fondos europeos que habrían permitido crear 12.000 plazas públicas de educación infantil gratuita. ¿Por qué? Porque no cree en lo público. Porque, al igual que Ayuso, su prioridad es reducir el papel del Estado y abrir negocio a las empresas privadas amigas.

Mientras tanto, las listas de espera se disparan, los hospitales públicos se deterioran, y las familias con menos recursos se ven obligadas a pagar de su bolsillo lo que antes era un derecho garantizado.

Lo que sucede en Madrid y Andalucía no es una excepción. Es el modelo de la derecha. Un modelo que también se aplica en Castilla y León, Galicia, Murcia, Baleares o la Comunidad Valenciana: recorte encubierto, privatización abierta y ventajas fiscales para los más ricos. Las cifras pueden cambiar, pero la lógica es la misma: recibir más dinero del Estado y no usarlo para mejorar la vida de la mayoría, sino para favorecer a una minoría privilegiada.

Y no se trata solo de decisiones de gestión. Es una estrategia política ideológica. Una hoja de ruta diseñada para desmontar el Estado del Bienestar desde dentro. Con dinero público, se alimentan empresas privadas, se debilitan los servicios esenciales y se fomenta un sistema de desigualdades crecientes. Se convierten derechos universales en productos de mercado. Y quienes no pueden pagar, quedan excluidos.

Además del mal uso de los recursos, preocupa la opacidad y los vínculos entre gobiernos autonómicos del PP y empresas beneficiadas. Muchos de los contratos públicos acaban en manos de compañías relacionadas con dirigentes del partido, o con quienes financian sus campañas o medios afines. El Estado del Bienestar se convierte así en un botín político. Un negocio en el que unos pocos ganan y la mayoría pierde.

El cinismo llega a su punto máximo cuando vemos que estos mismos gobiernos autonómicos del PP rechazan medidas del Gobierno central que aliviarían sus cuentas públicas. Es el caso de la propuesta de condonación de deuda autonómica: casi 60.000 millones de euros, que permitirían ahorrar hasta 6.700 millones anuales en intereses. Para ponerlo en perspectiva: esa cifra supera todo el presupuesto conjunto que estas comunidades destinan a sus universidades públicas.

Pero prefieren mantener el enfrentamiento político con el Gobierno de España antes que garantizar más recursos para sus ciudadanos. Anteponen el rédito electoral al bienestar colectivo.

Lo que está ocurriendo no es un problema de gestión, ni una serie de errores puntuales. Es un proyecto político deliberado. Un plan para reducir el papel del Estado, debilitar los servicios públicos, favorecer intereses privados y trasladar el coste de los derechos sociales al bolsillo de cada ciudadano.

Estamos viendo cómo, con dinero público, se financia la degradación de la sanidad, la educación y los cuidados. El Estado del Bienestar está siendo atacado desde dentro, con la complicidad de quienes deberían protegerlo.

En este contexto, defender el Estado del Bienestar no es un capricho ideológico: es una cuestión de justicia social. Porque sin sanidad pública, sin educación gratuita y de calidad, sin servicios sociales accesibles, no hay igualdad real ni democracia plena. Solo hay privilegios para unos pocos y abandono para la mayoría.

El Gobierno de España ha hecho su parte: ha transferido más recursos que nunca. La pregunta ya no es si el Estado financia suficientemente a las comunidades, sino si los gobiernos autonómicos están cumpliendo su deber de invertir ese dinero en lo que importa.

Y la respuesta, en Madrid y Andalucía, es clara: no lo están haciendo. Están utilizando el dinero de todos para beneficiar a unos pocos. Y eso tiene consecuencias directas en la vida de la ciudadanía.

La ciudadanía tiene derecho a saber qué se hace con su dinero. Tiene derecho a exigir que se invierta en lo que realmente importa. Porque el desmantelamiento del Estado del Bienestar no es una amenaza futura: ya está ocurriendo. Y si no se denuncia, si no se moviliza una mayoría social en defensa de lo común, será demasiado tarde para revertirlo.

Es hora de elegir: o un modelo de derechos para todos, o un modelo de privilegios para unos pocos. El futuro del Estado del Bienestar está en juego. Y lo que decidamos hoy marcará la vida de las próximas generaciones.