En 2021, el año en que los consumidores sufrimos las tarifas eléctricas más caras de la historia, las tres grandes energéticas ganaron 6.534 millones de euros, su segunda cifra más alta en una década. Los beneficios netos de Iberdrola batieron todos sus récords, alcanzando los 3.885 millones de euros, Endesa obtuvo 1.435 millones y Naturgy 1.214 millones.

Ahora, en el oligopolio energético se frotan las manos por la invasión rusa de Ucrania al dispararse aún más que en el último año los precios del gas. Y es que, gracias a ello, las compañías pueden inflar como nunca los precios de toda la electricidad, no solo la que se produce quemando gas, sino también la eólica, la solar, la nuclear y la hidráulica. Es la consecuencia de un modelo regulatorio a nivel europeo en el que los precios se deciden en una subasta marginalista donde la última tecnología de generación que entra en la puja, la más cara, determina el importe al que se retribuyen todas las demás.

Y justo ahora, cuando esos precios han llegado a alcanzar esta semana los 700 euros el megavatio hora, al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, el socialista Josep Borrell, no se le ha ocurrido otra cosa que poner el foco en el sacrificio que deberíamos hacer los consumidores europeos para ayudar al boicot contra Rusia reduciendo el consumo de gas en nuestros hogares.

"Corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania", ha dicho Borrell, reclamando "que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas, que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas".

Ni una sola crítica de Borrell a las grandes energéticas que están aprovechando la coyuntura para especular con los precios -en las horas que la demanda de electricidad no necesita el gas, la hidráulica aprovecha la oportunidad para entrar en la puja al mismo precio que habría entrado aquél-. Ni una sola palabra sobre cómo nuestro sistema de fijación de precios lleva décadas -y ahora más que nunca- enriqueciendo injustamente a las compañías y debería cambiar radicalmente. Ni un solo mensaje de solidaridad con los consumidores cuyos salarios no les permiten siquiera disfrutar del uso de la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano por el elevado precio de la energía.

Apelar a nuestro sentido de la responsabilidad para llamarnos a que nos sumemos a una estrategia de guerra cuando el lobby energético se está forrando más que nunca gracias a una invasión representa un insulto a la ciudadanía. Pero también pone de manifiesto una enorme falta de empatía con todos los que están viendo erosionada sobremanera su economía como consecuencia de la inflacionista especulación en el sector energético, desde familias hasta pequeños y grandes negocios.

No es tiempo de pedirnos sacrificios a los ciudadanos y tratarnos como si fuésemos estúpidos incapaces de darnos cuenta del enorme negocio que se está montando por parte de las multinacionales energéticas en torno a los conflictos geopolíticos -la subida del gas viene produciéndose por otras circunstancias desde hace más de un año-. Es tiempo de cambios regulatorios, de que la Unión Europea y el conjunto de Estados miembros den un giro radical en las políticas energéticas para garantizar que los consumidores pagamos la electricidad a precios proporcionales, con márgenes de beneficio razonables, a los de los verdaderos costes de producción de cada una de las tecnologías de generación.

Si ni tan siquiera esta guerra sirve para que los políticos que pueden tomar las decisiones asuman que la liberalización eléctrica sentó las bases para una gran estafa, si no cambian las reglas del juego en el sistema de fijación de precios, nos estarán dejando claro que los intereses económicos de 448 millones de consumidores no les importan lo más mínimo y que ellos solo sirven a los intereses del mercado.