Suenan tambores de guerra en la justicia española. Parece que ha sucedido de repente, pero la cosa lleva fraguándose a fuego lento desde la noche de los tiempos, y al final la olla ha reventado.

Hace unos meses los LAJS -Letrados de la Administración de Justicia, antes Secretarios Judiciales- se ponían de huelga indefinida. Ya lo advirtieron, y nadie pareció tomarlo en serio. Porque en este negocio nuestro siempre hemos sido muy poco reivindicativos, y acabábamos haciendo algún acto visible, pero con pocas consecuencias. Hasta ahora.

Las reivindicaciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia iban más allá de un puro motivo crematístico, aunque al final lo que ha trascendido es que, tras forzar mucho una máquina ya renqueante, consiguieron que les subieran el sueldo. El cuento de siempre, hacer pasar unas reivindicaciones justas por reclamaciones monetarias de un puñado de privilegiados. Cuando, en realidad, lo suyo no era sino la punta de un iceberg, el de la Administración de Justicia, paupérrimo en medios que si tropezara con el Titanic solo le haría cosquillas.

Pero el efecto dominó existe, sobre todo cuando las piezas ya estaban sobre el tablero. Y les ha seguido el funcionariado, que, tras alguna añagaza disfrazada de paro parcial han acabado convocando huelga. Más pulgas al perro flaco.

Y, como no hay dos sin tres, la judicatura y la fiscalía también han empezado a moverse. De momento solo es un anuncio, pero tiempo al tiempo. Quizás cuando estas páginas vean la luz ya se haya convocado la huelga, si nadie lo remedia antes. Y, se diga lo que se diga, sea o no el momento, tampoco en este caso se trata solo de aumentos de sueldo, sino que hay mucho mar de fondo.

Para acabarlo de arreglar, abogados y abogadas del turno de oficio sacan a pasear sus togas en una marea negra que no sabemos cómo ni dónde acabará. Sus reivindicaciones también tienen contenido dinerario, pero también va mucho más allá que eso. Pretenden algo tan simple y comprensible como que les paguen su trabajo de un modo adecuado y, sobre todo, en un tiempo razonable. Porque no es razonable que, por definición, no se pague un servicio que se requiere a la mayor urgencia hasta pasados varios meses y tras dejarse la garganta pidiéndolo a gritos. Y eso es solo parte de sus peticiones, que se engloban en una palabra que dice mucho: dignidad.

La Justicia es, desde siempre, la hermanita pobre de las administraciones. No tiene sentido que quien nos reclame nuestras obligaciones pueda hacerlo de modo instantáneo y efectivo, y que quien tenga encomendada la defensa de nuestros derechos adolezca de toda clase de carencias.

 

SUSANA GISBERT

Fiscal y escritora (twitter @gisb_sus)