La detención de Carles Puigdemont en Cerdeña y su puesta en libertad horas más tarde ha modificado la situación de las fichas en el tablero político que habían movido, con su apuesta por el diálogo, Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Hasta el próximo 4 de octubre no podrá escribirse un nuevo capítulo de la situación. Ese día, primer lunes del próximo mes, se celebrará una vista en torno a la euroorden que en su día dictó el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra el ex President por sedición y malversación. Hasta entonces, Puigdemont continuará en libertad por decisión del Tribunal italiano de Apelación de Sassar.

Del último episodio protagonizado por el ex President de la Generalitat en su huida para evitar la acción de la Justicia se han hecho diversas interpretaciones. Todas ellas, en general, parten del embrollo jurídico que pasa por decisiones de tribunales europeos sobre la vigencia o suspensión provisional de esa solicitud de detención cursada por Llarena, en función de diferentes trámites y consultas. El principal afectado, al salir en libertad, no dudó en afirmar que “España nunca pierde la ocasión de hacer el ridículo”. Aragonés reclamó la liberación inmediata de Puigdemont así también como la retirada de las euroórdenes de detención, mientras Pedro Sánchez indicó que debe comparecer ante la Justicia, sin que ninguno se haya desentendido de la mesa de diálogo recién iniciada.

En la hipótesis de que Puigdemont acabara siendo juzgado en España, se habría dado la situación previa imprescindible para, en su caso, poder ser indultado por el Gobierno. Además, los delitos que la Justicia le atribuye son también los de sedición y malversación. Porque en el fondo de este nuevo capítulo de la historia de una huida, aparece el antecedente básico de la concesión del indulto a los condenados por el procés, aunque todos éstos descartaron la huida y ya han penado en la cárcel, mientras Puigdemont ha de resolver sus cuentas pendientes.

Como era de prever, PP y Ciudadanos ya han exigido al Ejecutivo haga todo lo posible para que Puigdemont sea juzgado en España pero si fuera condenado que no se le indulte. Por su parte, Junts per Catalunya y la CUP han aprovechado la oportunidad para manifestarse de nuevo contra la recién nacida mesa de diálogo, asegurando que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene voluntad real de negociar una salida política al conflicto. A su vez, el Presidente Sánchez, impertérrito, sostiene que “este Gobierno siempre ha mantenido la misma posición: respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en España, en Europa y, en este caso, en Italia”.

Mientras las redes sociales clamaban ayer en función de su adscripción política: “este Puigdemont tiene que entrar en la cárcel” o “el independentismo catalán vive horas bajas”, un guitarrista aficionado rasgueaba: “una lágrima cayó en la arena“, en alusión al magistrado LLarena.