La transparencia en el gasto público es una piedra angular de la rendición de cuentas democrática. En países con políticas avanzadas de bienestar social, donde los servicios públicos son extensos y accesibles, la ciudadanía a menudo da por sentada su existencia, sin ser plenamente consciente del coste real que implican. Proporcionar esta información, lejos de ser un mero ejercicio contable, puede generar múltiples beneficios, fortaleciendo el vínculo entre el Estado y el contribuyente.
Uno de los ejemplos más claros de esta transparencia se puede aplicar al sistema sanitario. La implementación de "facturas en la sombra" para los usuarios, que detallan el coste real de cada consulta, prueba diagnóstica, tratamiento o medicamento, sin que ello implique un pago directo por parte del paciente, podría ser un mecanismo revelador. Imaginemos que, tras una visita al médico de familia, el paciente recibe un desglose indicando que la consulta tuvo un coste de 100 euros, el análisis de sangre 200 euros, y el medicamento recetado 50 euros. Este ejercicio no busca desalentar el uso de los servicios, sino visibilizar la inversión colectiva. Al comprender que cada atención médica tiene un valor económico significativo, los ciudadanos podrían desarrollar una mayor conciencia sobre el uso responsable de los recursos y la importancia de la prevención.
Extender esta práctica a otros ámbitos de la vida pública también generaría un impacto positivo. Etiquetar el mobiliario urbano con su precio de adquisición o reposición, como un banco, una farola o una papelera, por trivial que pueda parecer, es un recordatorio constante de la procedencia de los bienes públicos. Ver que un simple banco cuesta 300 euros o una farola 1.500 euros, puede fomentar un mayor respeto por el patrimonio público y una menor propensión al vandalismo. Asimismo, podría inspirar una mayor participación ciudadana en el debate sobre la inversión en infraestructuras y servicios.
Esta transparencia no solo educa, sino que también empodera. Al conocer el coste de los servicios, los ciudadanos pueden evaluar de manera más informada la eficiencia del gasto público y exigir una mejor gestión de los recursos. Se fomenta un diálogo más constructivo sobre las prioridades presupuestarias y se contrarresta la percepción de que los servicios públicos son "gratuitos", lo que a menudo lleva a subestimar su valor.
En definitiva, hacer visible el coste de los servicios públicos es una estrategia inteligente para países con sólidas políticas de bienestar. Es un paso hacia una ciudadanía más consciente, responsable y comprometida, que valora y participa activamente en la sostenibilidad de un modelo social que beneficia a todos.
