¿Qué papel deben jugar las escuelas en contextos de conflicto internacional? La respuesta que ha dado el Gobierno de Ayuso es tajante: ningún símbolo ni gesto de apoyo a Palestina tendrá cabida en los centros madrileños. La medida ha abierto un debate de fondo sobre si la neutralidad política puede imponerse sin menoscabar la educación en valores y la libertad de expresión del alumnado.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid trasladó a los colegios una instrucción clara: banderas, pancartas o cualquier muestra visible de solidaridad con Palestina deben desaparecer de las aulas. El argumento es que la escuela no puede convertirse en un espacio de militancia política y que corresponde a las familias y a la sociedad civil canalizar ese tipo de manifestaciones. Sin embargo, la orden no ha tardado en generar críticas de asociaciones de madres y padres, sindicatos educativos y partidos de la oposición, que alertan de una posible restricción de derechos fundamentales.
Los reproches a Ayuso se centran en la incoherencia de la medida. No son pocos los que recuerdan que en 2022 el propio Gobierno regional animó a la comunidad educativa a implicarse activamente en la recogida de alimentos y medicinas para Ucrania. En aquel momento, colgar banderas azules y amarillas en los colegios era visto como una muestra de solidaridad y no como un gesto político. Para la oposición, este contraste evidencia un doble criterio: se permite visibilizar unas causas y se veta otras, en función de la agenda del Ejecutivo.
La presidenta madrileña, por su parte, sostiene que su objetivo es “evitar el adoctrinamiento” en las aulas. “Los niños no tienen por qué ser utilizados para trasladar mensajes políticos”, defendió en una comparecencia reciente. La cuestión, sin embargo, va más allá de un gesto administrativo. En el fondo late un debate de largo recorrido sobre qué entendemos por neutralidad en la educación y hasta dónde debe llegar el derecho a expresarse en un entorno que, por definición, también educa en valores cívicos y democráticos.
La comunidad educativa no es ajena a esta tensión. Profesores consultados por asociaciones de docentes señalan que hablar de Palestina o de Ucrania en clase no tiene por qué significar adoctrinar, sino ofrecer herramientas para que los estudiantes comprendan mejor la realidad internacional. A su juicio, prohibir símbolos de apoyo a Gaza es limitar la posibilidad de generar un espacio de reflexión crítica en un momento en el que los jóvenes se informan principalmente a través de redes sociales y necesitan referentes pedagógicos para interpretar lo que ocurre.
Desde el ámbito político, Más Madrid y PSOE han acusado a Ayuso de vulnerar la libertad de expresión y han abierto la puerta a emprender acciones legales. “El derecho a mostrar solidaridad no desaparece al cruzar la puerta de un colegio”, señalan desde la oposición. En paralelo, organizaciones de derechos humanos advierten de que este tipo de restricciones puede enviar un mensaje de indiferencia hacia el sufrimiento civil en Gaza, justo cuando la comunidad internacional insiste en la necesidad de visibilizar la crisis humanitaria.
El debate también toca un plano simbólico. Para muchas familias, colocar una bandera palestina en un colegio no es una declaración partidista, sino un recordatorio de la situación que viven miles de niños en Oriente Medio. Para otros, en cambio, se trata de un gesto que arrastra implicaciones ideológicas y que no debe tener lugar en un espacio educativo. Entre la empatía humanitaria y la neutralidad institucional, la línea que separa lo pedagógico de lo político se vuelve cada vez más difusa.
La controversia está lejos de cerrarse. ¿Debe la escuela blindarse de toda manifestación política, incluso cuando se trata de expresar solidaridad con víctimas civiles? ¿O debe, por el contrario, abrirse a estos debates como parte esencial de la formación en ciudadanía?
