El juego resulta tan sencillo como perverso. Que la sala del 61 del Tribunal Supremo dictamina que Sortu no puede presentarse a las elecciones, la culpa, para los que opinan lo contrario, es del Gobierno por haber dado instrucciones a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía General del Estado en este sentido. Ya se sabe que los magistrados escriben al dictado de Zapatero y los suyos. Todo un prodigio, como se ve, de precisión y respeto a dos de los tres poderes del Estado.

Ahora, Bildu
Segunda entrega de la saga: Bildu. La misma sala del mismo tribunal ha determinado que esta nueva reencarnación de la izquierda abertzale no puede acudir a las urnas el domingo 22 de mayo. Da igual. El PNV decide romper relaciones con el Ejecutivo porque, supuestamente, el Supremo para ellos únicamente se ha limitado a poner negro sobre blanco lo decidido previamente en la Moncloa. Con estos presupuestos previos resulta imposible introducir ningún tipo de racionalidad en el debate político.

Si hubiera sido al revés
En el caso de que la oración se hubiera vuelto por pasiva y el Alto Tribunal hubiera decidido justamente lo contrario, los nacionalistas vascos se hubieran mostrado muy ufanos por el fallo y, a cambio, escucharíamos voces jupiterinas en el PP acusando directamente al Gobierno de estar detrás de la concurrencia de Bildu a los comicios del 22-M. Pase lo que pase, sea una cosa o su contraria, la culpa siempre y en todos los casos es de Zapatero. Un ejemplo práctico del clásico “ti pongas como ti pongas…”

El TC no se libra
Y ahora, como no, le ha llegado el turno al Tribunal Constitucional que tampoco se iba a librar de las críticas previas. De igual forma, hagan lo que hagan sus magistrados, el escándalo está servido. Si corrigen la decisión del Supremo, ahí estará presta la oposición, y su corifeo mediático, para acusar al Gobierno nada menos que de connivencia con el entorno de ETA. Si, por el contrario, el TC ratifica lo dicho por el TS ya sabemos que el PNV, Eusko Alkartasuna, Esker Batua y otros muchos más, acusarán al Ejecutivo de impedir la incardinación política de Bildu y de frustrar así “toda una esperanza de paz”.

Así las cosas, comprobada la falta de respeto que parece inspirar una pieza jurídica clave como el Tribunal Constitucional en un Estado de Derecho como el nuestro, ya digo que podríamos plantearnos su supresión. Al menos así, con ese disparate, se conjurarían otros que únicamente producen bochorno por su simplismo y lo  interesado de sus argumentos.

Antonio San José es periodista y analista político