Hay muchas dudas en torno a las causas del apagón que afectó a toda la Península el lunes 28 de abril. Pero de lo que muchos tenemos hoy aún menos dudas que antes es de lo negativo que resulta que las grandes empresas que gestionan el sistema eléctrico, la generación de la electricidad, su distribución a nuestros domicilios y la comercialización no sean de titularidad pública.
Para saber por qué ocurrió el apagón, estamos a expensas de la información facilitada por terceros. Por empresas privadas o con capital mayoritariamente privado. Y en este caso, el Gobierno ha denunciado precisamente falta de información por parte de Red Eléctrica de España y de las grandes empresas eléctricas.
Las grandes empresas que deciden cuánto pagamos por la electricidad lo hacen especulando todo lo posible con ese precio, inflándolo gracias a los resortes que les permite el lamentable sistema de fijación de tarifas que es esa subasta diaria donde la energía más barata se acaba vendiendo al precio de la más cara. Un sistema que debe cambiar radicalmente, una decisión política, no empresarial, que debe contar con mucha más presión de nuestro Gobierno a la Comisión Europea para que se lleve a cabo.
El inicio de todo llegó con Felipe González, ese señor tan de izquierdas que hoy amasa una fortuna multimillonaria y dedica grandes esfuerzos para que la ultraderecha llegue al Gobierno de España. González aprobó en 1988 que el 25% de Endesa pasase a manos privadas. Fue una de las empresas que comenzaron a privatizarse hace cuatro décadas. Después, entre 1997 y 1998, Aznar culminó la operación y la empresa dejó de contar con capital público. Las acciones se vendieron a un precio sensiblemente inferior a su valor real de mercado, según señaló el Tribunal de Cuentas. Hoy Endesa está en manos de Enel, una empresa cuyo 70% está en manos del Estado italiano.
Algo parecido ocurrió con Red Eléctrica de España, el operador del sistema. Esta empresa establece las previsiones de la demanda de electricidad y opera en tiempo real en las instalaciones de generación y transporte eléctrico para que la producción programada en las centrales eléctricas coincida en cada instante con la demanda de los consumidores. En 1999, con Aznar en el poder, se vendió el 31,5% de Red Eléctrica y el Estado vio reducida su participación a solo el 20%.
Pero ojo que en fechas mucho más recientes no se ha querido ni siquiera enmendar un poco ese proceso salvaje de privatizaciones contrario a los intereses de los consumidores y, en definitiva, a los intereses de España.
En la anterior legislatura, el PSOE decidió renunciar a la creación de una empresa pública de generación de energía eléctrica que aglutinase las distintas centrales hidroeléctricas de titularidad pública que están en manos privadas a través de concesiones. La propuesta que hizo sin éxito el socio minoritario, Unidas Podemos, consistía en que el Gobierno se hiciese con la gestión de esas centrales conforme fuesen finalizando los contratos de concesión, en lugar de renovarlos. Algo que permitiría cierta capacidad de intervención en la fijación de precios. Recientemente volvió a proponerlo Sumar. Llegó a votarse en septiembre de 2024 en el Congreso, con el rechazo del PSOE y las derechas.
Lo que pasó, pasó. Pero convendría evaluar las consecuencias tan lamentables que ha traído todo el proceso de privatización de empresas de sectores estratégicos. Desde brutales subidas de tarifas hasta fraudes masivos, pasando por falta de información sobre un hecho tan grave como el gran apagón de abril de 2025. Convendría evaluarlo e intentar enmendarlo en la medida de lo posible.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
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Editorial del episodio 76 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes
