La congelación de las tarifas está en la tradición populista de los anteriores gobiernos del Partido Popular y de momento ha tenido la virtud de bajar el IPC, que buena falta nos hacía. No en vano la electricidad es un ingrediente universal para la industria y para las familias.

El problema es que la congelación del recibo de la luz pone al rojo vivo el déficit de tarifa, un invento endemoniado que inauguró Rodrigo Rato cuando era vicepresidente económico y que tomó proporciones alarmantes con los ministros de Industria de Zapatero.

Hoy el desfase entre las tarifas oficiales y lo que dicen las eléctricas que debieran cobrar alcanza los 24.000 millones de euros, una deuda teóricamente titulizable al contar con la garantía del Estado pero de improbable cobro en las presentes circunstancias.

Este es el verdadero  nudo gordiano que el ministro tendrá que desenredar o cortar por lo sano con un tajo de espada como hiciera Alejandro Magno.

El concepto “déficit de tarifa” representa la claudicación de los gobiernos ante las eléctricas al atribuir a estas, de hecho, la fijación de la misma.

El sistema tiene, sin embargo, el notable inconveniente de que las compañías no saben cuando cobrarán lo que dicen que se les debe.

Lo de cobrar las deudas es un problema siempre importante pero hoy se ha convertido en el más acuciante.

Es de suponer que José Manuel Soria intentará una quita más o menos voluntaria por parte del sector a la que este se resistirá  lo que pueda; todo lo que puedan resistirse unas compañías con tan alta dependencia gubernamental.

De momento el ministro les ha pedido mayor transparencia pues es bien sabido que la oscuridad contable reina en este gremio acostumbrado a hacer las cuentas de resultados al revés de lo que mandan los cánones.

Primero deciden los beneficios y a partir de ahí hacen la cascada aguas arriba.

En cambio las eléctricas pueden estar contentas con la voluntad del departamento de prolongar la vida de la central nuclear de Garoña apoyándose en el previsible informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Recuérdese que el CSN aseguró en su último dictamen al respecto que dicha central podría permanecer abierta sin problemas por lo menos hasta el año 2019.

La prolongación de la vida de las nucleares, una vez que estas están ya amortizadas, representa una formidable inyección de dinero en las venas de sus propietarios.

José García Abad es periodista y analista político