El Gobierno de Pedro Sánchez a través de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dado orden a la Fiscalía General del Estado para que le informe sobre aquellas diligencias abiertas en los tribunales relacionadas con casos de pederastia que hayan tenido lugar en el seno de la Iglesia, sea cual fuera el organismo religioso en el que se hubieran cometido.
El motivo es la alarma social que causa el incesante goteo de información sobre miembros de la Iglesia católica que agredieron a niños con la mayor impunidad. La finalidad es implementar la Ley de Protección Orgánica a la Infancia y a la Adolescencia, actualmente en fase de anteproyecto, que intenta conseguir una más completa defensa de los menores, y para que tales fechorías no prescriban con tanta facilidad.
Esta iniciativa del ministerio de Justicia solo es posible gracias a un Gobierno progresista y comprometido con la sociedad. Nunca un gobierno de la derecha hubiera perturbado la calma milenaria de la institución cuya cerrazón ha sido hasta ahora férrea en este asunto.
Nuestra ínclita Conferencia Episcopal no ha querido confesar cuantos casos conoce. El oscurantismo llega más allá dado que de haber denuncias, no las pone a disposición de la Justicia, sino que las instruye en procesos eclesiásticos cerrados que, por lo que vamos viendo, tienen tendencia a ser benevolentes con clérigos que, como mucho, son apartados de sus cargos o destinados a otras localidades.
"Esta iniciativa del ministerio de Justicia solo es posible gracias a un Gobierno progresista y comprometido con la sociedad"
Estamos hablando de delitos especialmente condenables dada la vulnerabilidad de los afectados, la superioridad del criminal y el silencio impuesto. El Papa Francisco que ha acometido la ingente tarea de acabar con la impunidad de lo que ha ocurrido para evitar que siga sucediendo, se ha ganado aún más antipatías de un sector de los suyos decididos a echar tierra encima de todo lo ocurrido. Incansable, el pontífice avanza día a día por ese camino y por sendas paralelas como, por ejemplo, denunciar los abusos sexuales a monjas por parte de clérigos y obispos, otra dolorosa cuestión hasta ahora tabú.
Dar voz a los sin voz y proteger a los más vulnerables es obligación de un buen gobierno sea cual sea la formidable estructura a la que deba enfrentarse. La ministra de Justicia está haciendo bien su trabajo pese a las críticas -que sin duda recibirá- de meapilas y adeptos al régimen de la curia más rancia. Merece un gran aplauso.
