Más allá del debate ideológico sobre quién debe ejercer la titularidad de los servicios del ciclo integral del agua, más allá de establecer si dichos servicios deben ser públicos, privados o público privados, los responsables de las políticas locales, comunitarias y europeas del agua tienen en éste ámbito de la acción de gobierno uno de sus mayores retos.

Garantizar el acceso de todos al agua potable y de saneamiento en un escenario como el actual, ante el dilema que plantea la evolución del cambio climático, no va a resultar fácil. Por eso cualquier medida destinada a reducir el riesgo debe partir de la colaboración.

De lo que se trata es de poner objetivos en común y establecer criterios de actuación basados en el ejercicio de la responsabilidad y la búsqueda del bien común. No es tiempo de anteponer ideologías ni defender posicionamientos subjetivos. La demagogia debería quedar excluida del debate sobre  la gestión del agua.

Ahora de lo que se trata es de sumar. Sumar para restar. Sumar experiencia, conocimiento, trabajo en equipo y capacidad de respuesta para restar incertidumbre y hacer frente a la eventualidad climática desde la mejor posición.

El agua es de todos: un patrimonio natural y un bien público inalienable. Un recurso que los gobiernos deben administrar con la mayor responsabilidad, garantizando tanto su disponibilidad para los diferentes usos como la preservación de los ecosistemas acuáticos, reduciendo el impacto ambiental y asegurando el mantenimiento de los caudales ecológicos y la conservación de las aguas freáticas.

Tal y como establece la declaración de la ONU por la que se establece el acceso al agua potable y de saneamiento como un derecho humano, los gobiernos deben trabajar para garantizar que dicho acceso sea “seguro, saludable, accesible y asequible para todos”. Algo que el cambio climático va a poner en entredicho.

Por todo ello resulta más pertinente que nunca poner en valor el conocimiento, el oficio, los recursos tecnológicos, la capacidad de innovación y la experiencia acumulada para gestionar el agua de manera solidaria y medioambientalmente responsable.

Algo a lo que los próximos ayuntamientos y gobiernos autónomos deberán atender con la mayor voluntad de colaboración y que el nuevo parlamento de la UE que surja de las elecciones deberá promover, en el bien entendido de que en dicha colaboración radica el futuro del acceso cómodo y seguro al agua, un agua que al ser de todos debe estar al alcance de todos y nunca a costa de la naturaleza.