Mientras en Cataluña sucede esto, con prolongaciones sucesivas de las concesiones de las numerosas autopistas de peaje, incluso en los casos de las que llevan ya más de cuatro décadas de funcionamiento, en la ciudad de Madrid se produce el rescate de las autopistas radiales con dinero público. De ahí surge el importante movimiento de protesta ciudadana que ha explotado estos últimos días y que tuvo ayer, 1º de mayo, su expresión pública más clamorosa, con la negativa de gran número de conductores que se negaron a pagar el peaje establecido.
Este movimiento de protesta, auspiciado en su origen por un par de formaciones independentistas, ERC y SI, contó inicialmente con pocos apoyos puntuales pero ha crecido mucho durante estas dos últimas semanas, y ha sido durante estos días cuando se ha hecho mucho más potente y hasta cierto punto masivo, con centenares y centenares, tal vez más de un millar, de conductores que se han negado a pagar el peaje. Las colas y retenciones provocadas estos últimos días en gran número de los peajes de las autopistas catalanas ilustran muy bien acerca del gran hartazgo que esta situación está provocando entre muchos ciudadanos catalanes.
El Gobierno de la Generalitat ha mostrado su “comprensión” por este movimiento de protesta, pero al mismo tiempo se ha apresurado a señalar que los cobradores de los peajes están autorizados a tomar el número de matrícula de los vehículos cuyos conductores se nieguen a pagar peaje, y que si la concesionaria les denuncia serán sancionados con multas por un importe de 100 euros, además de tener que pagar el peaje. Como bien señalaba ayer una nota editorial del diario El País, “la movilización ha pillado con el paso cambiado al Gobierno de Convergència i Unió, que tiene, como el bolero de Machín, el corazón loco”.
Y es que, como dice el mismo editorial, “todo ello se complica porque la legalidad afecta al orden material –el bolsillo de una empresa concesionaria- y no al mundo de los símbolos, que es donde más a gusto se mueve el nacionalismo de centro-derecha”. Una vez más, la cartera le puede a la bandera. Y es que el principal accionista de Abertis, la concesionaria de las autopistas de peaje de Cataluña, es La Caixa, y el presidente de Abertis es Salvador Alemany, presidente a su vez del Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento (CAREC), nombrado por el propio president Artur Mas.
Jordi García-Soler es periodista y analista político
