Escucho atónito la comparecencia pública, televisada, del secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea. Tras una serie de circunloquios edulcorados, estomagantes, de un paternalismo barato propio del franquismo sobre lo que le debemos a los sanitarios y personal médico de nuestro país, cosa comúnmente asumida y reconocida, pasa a la utilización de la pandemia y sus víctimas mortales  con fines partidistas. En un gesto de carroñero sin parangón, hasta tal punto evidente que el presidente del PP, el señor Pablo Casado,  le ha dejado tan necrófilo cometido al subalterno para no mancharse él la imagen pública, reclama responsabilidades al gobierno de la nación pidiendo “para ayer”, la “protección y suministros de material sanitario: equipos, máscaras y guantes”. No debería ser el momento de hablar del ayer, y si los dirigentes del PP tuvieran alguna luz más, y un poco de decencia, arrimarían el hombro y no pondrían el retrovisor, pues el ayer puede devolverles gran parte de la porquería y responsabilidades en las carencias sanitarias que ahora reclaman. Pero ya que insisten, hagamos memoria.

Resulta que, una de las regiones más terrible y desgraciadamente golpeadas por el Covid-19 es la Comunidad de Madrid. Hemos asistido cómo, desde su confinamiento domiciliario por haber contraído el virus, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en el nuevo dóberman de la derecha, mezclando espumarajos e infamias en sus reclamaciones territoriales. Resulta que, a pesar de que en este momento de crisis, y declarado el estado de Alarma el gobierno central coordina todas las acciones, las competencias en sanidad están transferidas. Con lo cual Ayuso es directamente responsable de la falta de previsión sanitaria de sus ciudadanos. Así lo entendió el Juzgado número 31 de lo Social de Madrid y consta en un auto, el que el titular de este Juzgado admitió las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad que rige Ayuso. Instó a que en el término de 24 horas se proveyera a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud, Hospitalarios, Asistenciales de Atención Primaria, SUMMA 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales de la Comunidad de Madrid, ya sean “públicos o privados, y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario, de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos”. En la resolución, el juez recalcó que “no cabe duda de que en el caso presente concurren los dos requisitos legales necesarios para entrar a conocer sobre las medidas cautelarísimas solicitadas”: el “fumus boni iuris” se acredita de “modo suficiente porque las medidas preventivas requeridas son las necesarias para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad”, y agrega además que “la situación de urgencia se acredita por la pandemia derivada del virus Covid-19 que está sufriendo todo el país, y en concreto la Comunidad Autónoma de Madrid, y que requiere la actuación urgente de todo el profesional médico y sanitario posible para atender a los enfermos y evitar su mayor propagación”. Sería importante que la señora Ayuso explicara por qué el hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, bajo su responsabilidad, mantiene varias plantas cerradas, perfectamente operativas, incluida un UCI sin haberse estrenado siquiera. Esto con respecto a las responsabilidades presentes pero, echemos la vista, como el PP pretende, un poco más atrás.

La señora Díaz Ayuso entró en la política de la mano de Pablo Casado, cuando éste era presidente de Juventudes del Partido Popular. Pronto se hizo con la confianza de Esperanza Aguirre, siendo su vicepresidente, y luego Presidente de la Comunidad, el condenado y en prisión por prevaricación y corrupción Ignacio González. Era el momento de jauja y financiación ilegal del PP, como ha esclarecido y condenado la Justicia.  En la Comunidad fue el momento de la Marea Blanca, que denunciaba la privatización de la sanidad pública madrileña, la precarización y recortes en personal, material y suministros, bajo el mantra de la “externalización”, eufemismo bajo el que se desmanteló el sector, llegando a desvergüenza como vender a amiguetes hospitales financiados con dinero público. De esto sabe mucho el actual Consejero de Hacienda de Ayuso, el señor Javier Fernández-Lasquetty, al que, a pesar de no ser condenado, el escándalo de la gestión y externalizaciones de la sanidad pública madrileña le costó muchos quebraderos de cabeza. Rescatado para el gobierno de Ayuso, resulta escandaloso ante la supuesta preocupación de la presidenta madrileña y el señor García Egea por los funcionarios públicos sanitarios , que el consejero declare que los profesionales de la sanidad madrileña “deberían dejar de ser funcionarios”. Es  más, asegura: “España no necesita más despilfarro de gasto público, sino menos. No necesita más políticos tomando decisiones sobre cómo y dónde hay que curar a los enfermos, sino menos. No necesita más funcionarios, sino médicos y enfermeros tan buenos como los que hay, que tengan sencillamente el mismo contrato que el resto de los mortales”. Más o menos lo que ya hizo en sus responsabilidades en sanidad durante el gobierno de Aguirre y González, precarizar, privatizar, y deteriorar el sector y a sus profesionales. Tenerlos atemorizados por contratos de horas, y echarlos cuando le llevaban la contraria o no asumían el régimen de semi-esclavitud en el que los tenía.

Uno de los ejemplos fue el desmantelamiento del Hospital Carlos III, ahora asumido a medias por La Paz, hospital de referencia en enfermedades infecciosas y tropicales, que tuvieron que parar in Extremis cuando la alarma del ébola, para ingresar y tratar a los infectados. Que la señora Ayuso reclame ahora responsabilidades, sin  asumir la falta de medios, personal, recursos, de la sanidad pública, en cuya gestión ha estado involucrada, no ahora que es presidenta accidental y gracias a Vox y Ciudadanos-que también-, sino cuando su partido la menoscababa y sangraba en beneficio de la financiación b de su caja, es inaudito. Inaudito también que, con estos antecedentes, el señor Teodoro García Egea reclame responsabilidades y previsión cuando, su partido, se ha enriquecido ilícitamente de recursos consignados a la salud de todos en aquellas comunidades donde han gobernado, pero en especial en Madrid. Su desvergüenza sólo es comparable a la de ciertos líderes catalanes que también aprovechan para hacer guerra sucia al gobierno de España, y que también desmantelaron parte de la sanidad pública catalana en aras de sus sueños independentistas de embajadas en otros países o en redundancia de sus propios patrimonios como el de los Pujol.

 Si en el PP pretenden con esta ignominia rascarle votos a VOX, lo están consiguiendo.  Sólo a costa de arrastrar la credibilidad de su partido, en la que milita mucha gente decente, y todo lo humanamente admisible en un momento como este. Escribió el filósofo Albert Camus en su obra “La Peste”: “lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”. Aquí el señor Egea, Casado y la señora Ayuso están en pelotas y no se enteran. El problema es que mientras ellos desnudan sus vergüenzas contando muertos y haciendo cálculos electorales con ellos, nos avergüenzan a todos. Avergüenzan a la especie.