La mayor parte de las actividades que se llevan a cabo en este mundo, conllevan responsabilidades. No solo es que la libertad de uno acaba donde empieza la del otro, creando una esfera inexpugnable que le defiende y le mantiene a salvo de abusos de los restantes, sino que cuando uno está instalado en una de la atalayas que la Sociedad ha implantado, no puede emplear sus armas arbitrariamente contra los demás, salvo que se hago cargo de las consecuencias. Podría ser una ley de vida. En todo caso es una regla de obligado cumplimiento.

Aunque pudieran parecer obvias determinadas consideraciones sobre lo admisible o no que resultan las actuaciones gubernamentales, no está de más que tomemos conciencia de los límites, ya que los propios gobernantes, no parecen reparar en ello. Y viene al caso esta disquisición, si tenemos en cuenta que no parece suficiente con el castigo que puedan infringir los votantes a unos gobernantes, una vez finalizado su mandato, llegado el caso, cuando pasan factura de los desatinos de un gobierno que no cumplió con sus ofertas electorales, con las que accedieron al poder. Anunció compromisos y luego incumplió sus propuestas. Los votantes le deberán castigar con un voto que imposibilite su continuidad como gobierno. Pero ¿es suficiente este castigo? Bueno, tendríamos que ver la magnitud del incumplimiento hasta dónde alcanza, para ponderar la naturaleza del castigo.

Porque las medidas deberán depender de las consecuencias que la acción de gobierno ha deparado. En los casos de corrupción, en que no solamente han incumplido con sus promesas, sino que, además, se llevaron o propiciaron que se llevaran lo que no era suyo, sino de todos los ciudadanos, parece claro que hay un código de conducta, penal, que debiera ser meridianamente expeditivo. Si no resulta serlo en el grado deseable, tendremos que buscar en la trama jurídica las trochas que permiten escapar a algunos de las garras de la ley, aunque no de la ignominia, desde luego. Pero, que el castigo por una mala gobernanza se limite a sacarle del puesto que ocupó en la escala pública resulta, a todas luces, insuficiente, cuando se trata de que las consecuencias de la actuación política inciden en aspectos fundamentales de la vida de los ciudadanos. La suspensión del derecho a acceder a determinados puestos, al menos, podría evitar que el protagonista pudiera seguir cometiendo desmanes. La inhabilitación para cargo público es una pena que debiera ir asociada a la mala gobernanza, en casos en que las consecuencias sean notoriamente nefastas para los sufridores ciudadanos. Uno se puede equivocar con repercusión en sus propios recursos, todo lo que quiera y su cuerpo aguante. Uno no puede excederse, cuando de cosa pública se trate, sin que las consecuencias para él sean suficientemente disuasorias como para que no repita. La inhabilitación ya está a la mano. Hay que buscar fórmulas más contundentes. La creatividad debe estar dispuesta.

En otras esferas de actividad, además de la política, debiera ser algo parecido. Por ejemplo ¿Cuál sería el castigo pertinente a unos profesores de la Universidad, en este caso de Harvard, por haber inducido a todos los “sabios economistas que en el mundo han sido”, de forma que sus propuestas se han convertido en leyes absurdas que han dañado a mucha gente? Porque, eso es lo que ha ocurrido con los hoy profesores de la acreditada Universidad, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff que, en 2010 defendieron que el crecimiento se desploma cuando la deuda pública supera el 90% del PIB. Ambos ocuparon cargos elevados en el FMI, llegando Carmen Reinhart a alcanzar el segundo puesto más elevado del departamento de investigación y Rogoff fue su jefe en el FMI. Es decir altos funcionarios del FMI que, hay que suponer, con un CV que incluía esos méritos, pasaron a ocupar puestos en la Universidad de Harvard. Y aquí es donde, exhibiendo esos conocimientos y preparación que debe aportar el FMI, se dedicaron a pontificar sobre la relación deuda y crecimiento de los países. Tan altos “sabios” no encontraron resistencia en las autoridades ejecutivas europeas: Olli Rehn, Comisario europeo de Asuntos económicos, o Trichet, presidente del Banco Central Europeo en la época o, incluso, un candidato republicano a la vicepresidencia republicana, eso si, de los Estados Unidos, Paul Ryan. Todos se tragaron la píldora sin dolor al discurrir por el tracto digestivo.

Es conocido el fiasco de estos profesores, descubierto por un estudiante que en sus prácticas recibió la propuesta de uno de sus profesores de repetir algún modelo propuesto en la literatura especializada, en este caso de economía aplicada. No fue capaz de repetir los resultados y desde su ingenuidad estudiantil solicito a los profesores de Harvard los datos y cálculos originales, que le hicieron llegar sin demora. Y aquí aparece el fiasco cuando el estudiante se percata de dos hechos extraordinarios: uno que la hoja Excel con la que habían calculado, contenía errores y otra más peliaguda, por cuanto descubrió que los profesores no habían empleado datos significativos en este tipo de estudio, como son el que Australia, Canadá o Nueva Zelanda, son países en los que hubo crecimiento económico, aun cuando su deuda alcanzó los límites elevados que ellos pronosticaban como umbral de catástrofe económica. El primero es inaceptable, no solo que una hoja de cálculo esté en el fondo de que se haya instalado la teoría agresiva de la mal llamada austeridad, nada menos que en el mundo; si todo esto es lo que marca los hitos de la economía, lloremos sin descanso ante Ciencia tan social, pero tan inútil como Ciencia y tan deplorable como social. Pero la segunda es una ocultación de hechos que evidencian la endeblez de la teoría presentada y que se omiten con descaro rayano en delito intelectual. Inaceptable, por donde se tome.

Bueno, ¿qué compensación merecen unos personajes de esta calaña? ¿Qué compensación habría que infligir a la Universidad de Harvard por el fiasco? ¿A qué puesto del ranking mundial hay que desplazarla? ¿Cuánto tiempo debemos inhabilitar a la citada Universidad para que no se le ocurra actuar más de oráculo en el mundo? ¿Los sistemas de acreditación de Universidades a nivel mundial están a la altura de las exigencias?

Pero, no es menos el severo castigo del que es acreedor el FMI. Visto lo visto, es una Institución que ha acreditado ser una cloaca de la economía mundial. Todo indica que quien pasa por allí sale pertrechado de un equipaje intelectual que le incapacita para ejercer ninguna actividad ni pública ni privada. Rodrigo Rato no es más que una pequeña muestra de cómo se las gasta la Institución, pero uno de los ejemplos que, como sabemos bien, cuando sale de la Institución (ahora hasta dudamos de las razones de su entrada), barre lo que pilla, ¡OJO TELEFONICA, QUE VA POR TI!

La pregunta que permanece sin contestación es: si esto es lo que los insignes funcionarios del FMI desatan cuando salen, ¡qué no harán cuando están dentro! Lo dicho, para llorar. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si estas Instituciones se limpiaran como una patena, de tener que seguir existiendo?, Otro tanto sería lo que debiéramos hacer con los asesores que forman parte de todas las comisiones de los Ministerios españoles, que son los mismos siempre, gobierne quien gobierne, porque dicen ser apolíticos, aunque más pareciera que son estómagos insaciables de sus propios intereses. ¿Cómo se compensan estas conductas? ¿Cómo se logra que el castigo sea ajustado al mal que propician? No es suficiente con que olvidemos, eso es demasiado poco. La Justicia hace muchas aguas, pero la Sociedad que las propicia debe replantearse muchas más cosas de las que atiende hoy.

Alberto Requena es Presidente del Partido Socialista de la Región de Murcia