A la vista de lo ocurrido en la campaña electoral de los pasados comicios municipales y autonómicos, parece que a nadie le importa perder el tiempo y desperdiciar las ocasiones para debatir sobre las cuestiones que importan a la mayoría. La derecha la planteó como un plebiscito personal sobre el presidente del Gobierno, sin más, como se evidenció en los envíos postales de propaganda electoral, donde el mensaje del candidato local quedó reducido a unas líneas en el reverso de la carta de Feijóo y debajo del mensaje del presidente de la Junta, en el caso de Andalucía.

En la actual precampaña del 23 de julio, la derecha sigue erre que erre con el lema "derogar el sanchismo" (sea lo que sea eso) para ahorrarse el esfuerzo de abordar con rigor los muchos problemas que tiene España. La coherencia política hace tiempo que se fue de viaje y nadie espera que regrese a tiempo. Ahí está el caso flagrante de la tuberculosis bovina en Castilla y León, donde lo que se pretende por parte de PP y Vox es derogar la actual legislación sobre sanidad veterinaria de la Unión Europea y no sólo la del Gobierno español. 

El asalto a las oficinas del Gobierno autonómico en Salamanca me recordó el del Capitolio en Washington, o el de los bolsonaristas en Brasilia, más reciente todavía. No nos engañemos, la actual ola u onda derechista lo que quiere derogar es el avance y el progreso conseguidos en todos los países en las últimas décadas gracias a las políticas socialdemócratas o cristianodemócratas de bienestar social.

Al igual que han hecho en Reino Unido los partidarios del Brexit, sus colegas de derechas del resto de Europa quieren desmontar desde dentro la normativa progresista de la UE en materia de cambio climático, transición energética, derechos laborales e igualdad, entre otros muchos temas que no enumeramos exhaustivamente para no cansar.

En el cabildeo antiecológico de las derechas están también grupos de presión como la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) que, a través de su nuevo presidente el italiano Luca de Meo, advierte contra las nuevas normas que prepara la Comisión Europea, las Euro 7, para reducir las emisiones de los vehículos. Otro lobby que se opone a las normas europeas sobre la calidad del aire es la Iniciativa de Calidad del Aire de las Regiones (AIR, por sus siglas en inglés) que integra a ocho regiones de varios estados europeos, entre las que se encuentran Madrid y Cataluña, cuatro regiones del norte de Italia y dos holandesas.

Será suicida desaprovechar la campaña electoral del 23 de julio para plantear soluciones e iniciativas sobre las grandes cuestiones que España tiene planteadas: la transición ecológica justa, la inversión en el medio rural para revertir su despoblamiento, la sequía en la cuenca del Guadalquivir y la necesidad urgente de desaladoras en las provincias costeras que no cuentan con ellas. También los problemas derivados de los macro parques solares y eólicos y la conveniencia de apostar por una generación distribuida de las energías renovables. Ningún tejado sin paneles y miniturbinas eólicas verticales, la industrialización de la economía circular, la conexión ferroviaria de Algeciras con la red europea, el corredor mediterráneo y el AVE Madrid-Lisboa, entre otros muchos temas.