El otro día me llamaron por teléfono para ofrecerme un seguro de decesos. A la amable agente que me interrogaba le respondí que tenía ese seguro desde que era un niño, que según mis cálculos ya había pagado el equivalente a cinco o seis entierros y que solo me iba a morir una vez. Las aseguradoras se guardan celosamente nuestros datos y no comparten los que más importan a los usuarios: por ejemplo, cuánto dinero le hemos ingresado hasta el momento del cobro de cada cuota. En la era analógica la contabilidad era costosa y lenta, en la era digital la contabilidad es barata y muy rápida. Sin embargo, bancos, compañías de seguros, eléctricas y telefónicas, supermercados nos hacen unas cuentas muy incompletas para disimular sus beneficios y las ganancias de sus cúpulas directivas, que son absolutamente obscenas.

Los medios de comunicación presentan los datos de manera fragmentada. Un día nos dicen que el Banco de Sabadell, por citar un caso concreto, inicia un ERE para recortar su plantilla en 1.936 personas. Otro día nos informan que el 34,8% de los accionistas de esa entidad se oponen a las retribuciones de su consejo de administración en 2021. El presidente Josep Oliu percibió 9,4 millones de euros (7,5 millones por el plan de pensiones que consolidó lo acumulado al dejar de ser presidente ejecutivo), y César González-Bueno, consejero delegado, desde marzo de 2021, se echó al bolsillo 1,9 millones de euros. Por no abrumar y no herir la sensibilidad de lectoras y lectores no damos cifras aún más lacerantes de otros consejeros. Si en las informaciones citadas se hubieran cruzado los datos de los temas abordados por separado, la conclusión sacada de su lectura hubiera sido demoledora para el banco.

Troceando la información y escalonando su difusión se diluye su impacto y se desinforma al no ofrecer un relato integral que contribuya al análisis crítico de la realidad. La urgencia que imponen las redes sociales impide un mínimo periodismo de investigación sobre el devenir político y económico del país.

Gobiernos y partidos en la oposición también se reservan cuentas y datos en sus debates para manipular la realidad y llevar el agua a sus respectivos molinos. La derecha, que ahora critica el giro gubernamental con respecto a Marruecos y el Sáhara, se ha olvidado que puso el grito en el cielo al ser atendido atender hace un año un líder de la RASD en un hospital de Logroño y clamó por la cabeza de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Pero, olvidos aparte, no estaría de más que el Gobierno de España presente las cuentas en el Parlamento de lo que nos ha costado el año de crisis con el vecino del sur. El saber no ocupa lugar y ayuda a una toma de decisiones más ajustada a la realidad y a reducir la crispación política y social.

La información sobre la huelga patronal del transporte tampoco ha contribuido a la transparencia a la hora de evaluar los intereses en juego. Los datos comparativos sobre la fiscalidad de los combustibles en los distintos países de la UE no han estado presentes en las informaciones. Tampoco se ha profundizado mínimamente en las subidas indiscriminadas de precios en los supermercados al rebufo de los paros y el acaparamiento.

Sin datos y evaluación de las políticas públicas y privadas que se ponen en práctica no habrá espacio para una discusión sosegada y veraz de un mundo en cambio contínuo. Hay muchas cuentas pendientes todavía por presentar a la ciudadanía.