Después de casi ocho años de una instrucción tan dilatada que en ella han intervenido cinco jueces distintos, finalmente este miércoles está previsto el inicio, en la Audiencia de Barcelona, del juicio oral sobre el expolio perpetrado en el Palau de la Música Catalana. Además de los dos acusados principales, Fèlix Millet y Jordi Montull –ambos con una apariencia física muy deteriorada, mucho más de lo que les corresponde a sus 82 y 77 años de edad, respectivamente, y que a buen seguro aducirán problemas de memoria-, se sentarán en el banquillo también casi una veintena de personas más.

Entre estos acusados figura Andreu Viloca, el que fue gerente, tesorero y administrador único de CDC, imputado asimismo en otros casos judiciales, singularmente en el cada vez más relevante “caso del 3%” que afecta de lleno a la supuesta financiación ilícita del partido que fue fundado por Jordi Pujol y al que su sucesor, Artur Mas, condujo hasta su extinción para pasar a ser, al menos por ahora, el PDECat.

Por mucho que Artur Mas intente una y otra vez alegar que los juicios que afectan a CDC tienen una motivación exclusivamente política, de persecución del Estado español a la causa secesionista, ya casi nadie puede creerle en Cataluña, y menos aún en el resto de España. No le creen los partidos de la oposición, es decir C’s, PSC y PP. Tampoco le cree la CUP. Pero es que por no creer a Mas ni a sus seguidores y propagandistas ni tan siquiera le cree ERC, su socio de coalición parlamentaria y de gobierno de JxS.

El “caso Palau”, más allá del grave quebranto a las arcas del propio Palau de la Música Catalana de Barcelona cifrado entre 22 y 30 millones de euros, puso al descubierto procedimientos claramente mafiosos y corruptos que beneficiaron personalmente a los dos principales acusados, pero que todo apunta que sirvieron sobre todo para encubrir formas de financiación ilegal de CDC.

Conviene tener muy en cuenta que cuando un numeroso grupo de agentes de los Mossos d’Esquadra entraron en el histórico edificio modernista de Domènech i Montaner, sede del Orfeó Català, actuando como policía judicial, CDC no había iniciado todavía su deriva secesionista. Hay quien se atreve a preguntarse si la apuesta de Artur Mas por la vía independentista se hubiese producido sin la aparatosa explosión del caso Palau.

También yo me lo pregunto. Llámenme si quieren mal pensado, pero me atrevo asimismo a preguntarme si no van por ahí los tiros de los dirigentes secesionistas que reclaman el inmediato cese del director general de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, cuya gran culpa parece ser haber declarado que la Policía autonómica a sus órdenes obedecerá siempre las órdenes judiciales, incluso si le ordenan la detención de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, o de cualquier otra autoridad catalana.