Está claro que este importante debate parlamentario no llega en el mejor momento posible para el Gobierno nacionalista presidido por Artur Mas. Con casi toda la atención política y ciudadana puesta en el cada vez más probable rescate económico de España por parte de la Unión Europea, y con la asimismo cada vez más probable suma de Cataluña a las comunidades autónomas que opten por acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico, el debate sobre el pacto fiscal llega en un contexto claramente adverso para los intereses catalanes.

Como ya hiciera en la campaña electoral que finalmente convirtió a Artur Mas en president de la Generalitat, CiU ha hecho del pacto fiscal su gran eje de propaganda política durante los dos últimos años. Esta propaganda parece haber dado muy buenos resultados entre la ciudadanía –así lo indican al menos todas las encuestas hasta ahora conocidas, que constatan la existencia de un amplio respaldo ciudadano a la propuesta del pacto fiscal-, pero por ahora la mayoría parlamentaria que respalda esta propuesta sigue siendo inferior a la que dio su apoyo al actualmente vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, que contó con el respaldo de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA.

Solo si el PSC se suma finalmente a la propuesta, aunque sea tal vez con algunos matices, Artur Mas podrá considerar que su apuesta política no ha fracasado por completo. Pero incluso con el apoyo explícito del PSC la propuesta del pacto fiscal para Cataluña estará condenada ya de antemano si el PP mantiene su actitud de oposición, ya que este partido cuenta con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

¿A qué viene, pues, la votación sobre una propuesta que todo apunta que no llegará a buen puerto? ¿Es tan solo una forma de calentar los ánimos nacionalistas, con la esperanza de obtener nuevos réditos en unas posibles elecciones autonómicas avanzadas, o incluso en la perspectiva de plantear algún tipo de consulta popular sobre la soberanía o la independencia de Cataluña?

Jordi García-Soler es periodista y analista político