España cerró el pasado martes siete centrales térmicas, al finalizar el período de vigencia del Plan Nacional Transitorio (PNT), mecanismo de excepción recogido en la Directiva de Emisiones Industriales de la Unión Europea. Así, dejaban de funcionar las centrales de Compostilla II (en León) y Andorra (en Teruel), ambas propiedad de Endesa. Asimismo, Velilla (Palencia), de Iberdrola; Narcea (Asturias), La Robla (León) y Meirama (A Coruña), de Naturgy, y Puente Nuevo (Córdoba) de Viesgo.
La plataforma Un Futuro Sin Carbón, integrada por las principales organizaciones ambientales de España y miembro de la alianza europea Europe Beyond Coal, considera “significativo” que España sea el país europeo en el que dejan de operar más centrales de carbón en esta fecha: “esto muestra que es el momento de acelerar el proceso para poner fin a toda la capacidad de carbón en España asegurando una transición justa para dar certidumbre a las personas afectadas por los cierres, a las actividades auxiliares y las regiones afectadas mediante la aplicación de los Convenios de Transición Justa”, señala la entidad.
El fin de la actividad de todas ellas significó el fin del empleo de unos 1.100 trabajadores, con contratos directos e indirectos. Algunos de ellos podrán trasladarse a otros lugares. Tras el acuerdo del 17 de abril en que Gobierno, empresas y sindicatos se comprometieron a apoyar a trabajadores y regiones afectadas ante el cierre de las plantas en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias, el 18 de junio se constituyó la Mesa de Seguimiento.
