Aunque lo habitual es que los políticos disfruten de sus vacaciones durante el mes de agosto, ya durante la primera parte del verano, en julio, es inevitable que no se instale en el debate público el habitual debate sobre los días de descanso que los diferentes líderes políticos aspiran a tener para intentar desconectar de un curso político duro y marcado por la polarización como suele ser habitual.

Una de las responsables de esta polarización es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tampoco suele cortarse a la hora de disfrutar unos días de desconexión, sembrando la polémica asegurando que a nadie de su familia le pagan sus vacaciones, seguramente aludiendo de nuevo a la situación de persecución que está sufriendo la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

 

Unas declaraciones que han supuesto una gran indignación para la periodista y escritora Rosa Villacastín, quien ha cargado muy duramente contra la presidenta regional: “¿Cómo se atreve Isabel Díaz Ayuso a decir que a nadie de su familia le pagan las vacaciones, ni nada? Comenzaba expresando su visible enfado en un post en la red social X, para después continuar cargando duramente contra la líder del PP madrileño: “Tiene la cara de cemento armado”, ha asegurado, seguramente teniendo en la cabeza todas las informaciones que han salido a la luz sobre los tejemanejes de su pareja, Alberto González Amador, que se han ido conociendo durante este curso político que ya va llegando a su fin y que la propia Díaz Ayuso salió a desmentir mientras el propio Amador reconocía los delitos para evitar una pena de prisión.

Al clan Ayuso no le hace falta que le paguen las vacaciones

No le regalarán las vacaciones a los familiares de la presidenta regional, pero ha quedado más que demostrado que el entorno de la presidenta regional ha aprovechado la influencia de Díaz Ayuso para enriquecerse, y muchos de ellos de material sanitario durante la pandemia, mientras miles de personas morían al día por Covid, incluidos los más de 7.000 ancianos que el Ejecutivo liderado por Ayuso dejó morir en las residencias madrileñas.

El padre de Ayuso, Leonardo Díaz, tenía participaciones de una empresa que distribuía material sanitario, y que recibió un préstamo de AvalMadrid bajo el aval de una nave que se encontraba en el pueblo de Ayuso. Esa empresa fue regada con 26.000 euros de dinero público y nunca devolvió el préstamo.

Poco tiempo después se conoció que el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, hizo de intermediario con la empresa textil de un amigo suyo, y de la presidenta, por la compra de material sanitario durante la pandemia, llevándose una comisión de más de 200.000 euros.

También durante la pandemia, el Gobierno de Ayuso adjudicó un contrato de un millón de euros a un socio de la madre de la presidenta, Isabel Ayuso. Se adjudicó a dedo a una empresa que está dividida a partes iguales entre la madre de la lideresa madrileña, y su socio.

Jairo Alonso fue pareja de Isabel Díaz Ayuso, un peluquero sin experiencia en informática, accedió como jefe de operaciones de ‘asseco’, una empresa de servicios informáticos que trabaja en el sector santiario. Antes de llegar Ayuso al poder, esa empresa facturaba con la CAM poco más de 3.000 euros. Después, formalizó 42 contratos públicos que suman más de 500.000 euros con el Gobierno de Ayuso. El contrato más importante se produjo en 2020, con la compra de ordenadores para el hospital 12 de Octubre de Madrid.

El último escándalo que englobó a la presidenta regional fue el de su actual pareja, Alberto González Amador, quien cometió dos delitos fiscales, reconocido por él mismo.

Lo cierto es que la familia de la presidenta regional no recibirá ninguna ayuda para tomarse unas seguro más que merecidas vacaciones, pero tampoco les hará falta, teniendo en cuenta la más que positiva influencia económica para sus bolsillos que ha tenido la llegada de la presidenta regional a la Puerta del Sol.

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