Bajo el marco de la doble imputación de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, las reacciones este miércoles se han dado en cadena en redes sociales, siendo la esgrimida por Iñaki López una de las más compartidas y comentadas de las últimas horas.
Valorando directamente la noticia de que la jueza instructora del caso ha citado al empresario como investigado por la última pieza abierta, en la que se le acusa de corrupción en negocios y administración desleal, el periodista ha puesto el acento en un detalle notable que engloba todo este caso.
“Sospecha la jueza que realizó maniobras para esconder comisiones y defraudar al fisco”, ha comenzado diciendo y, a renglón seguido, ha proseguido situando el foco en el papel de la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Presuntos delitos cometidos cuando Ayuso ya era presidenta de Madrid y pareja del ciudadano particular”, ha terminado sentenciando el presentador de Más vale tarde.
Sospecha la jueza que realizó maniobras para esconder comisiones y defraudar al fisco.
— Iñaki López (@_InakiLopez_) March 19, 2025
Presuntos delitos cometidos cuando Ayuso ya era Presidenta de Madrid y pareja del ciudadano particular. https://t.co/Y3LEqKKPMp
Presuntos nuevos delitos y cita para declarar en sede judicial
La jueza instructora de la causa ha citado como investigado a González Amador a declarar el próximo 10 de abril en sede judicial, esta vez por la pieza judicial separada sobre presunta corrupción en negocios y administración desleal, que no es la misma que el supuesto doble fraude y falsedad documental.
González Amador compareció el pasado 24 de febrero ante la magistrada como investigado en la pieza principal, si bien se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que este recurso se resolviera al afectar a la causa que se instruye por dos delitos fiscales.
Los magistrados estimaban que en el presente "momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal". "Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", señalaron los jueces. La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos" que debían haber sido declarados.
Con todo ello, la pieza separada se abrió para investigar posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L -empresa de González Amador- y su cliente Quirón Prevención S.L". La resolución analizaba "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados". La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L”.
Un hecho que se suma a que el novio de Ayuso no solo admitió ante la Fiscalía su implicación en dos delitos fiscales, sino que también lo hizo ante la Abogacía del Estado. Una última revelación que desmonta la estrategia de su defensa, que hasta ahora había centrado sus alegaciones únicamente en la Fiscalía.
Así las cosas, el 2 de febrero de 2024, el abogado del investigado, Carlos Neira, envió un correo electrónico a la Fiscalía de Delitos Económicos en el que su cliente reconocía haber cometido fraude fiscal. Doce minutos después, a las 12:58 horas, remitió la misma confesión a la Abogacía del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia y Justicia. El correo en cuestión, con el asunto 'Propuesta conformidad penal delito contra la HP Maxwell', reflejó la intención del empresario de alcanzar un pacto de conformidad penal, asumiendo los hechos y comprometiéndose a devolver el dinero defraudado, incluyendo los intereses de demora exigidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
