La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a estar ahora en el ojo del huracán por uno de los puntos más negros de su gestión: la muerte de más de 7.000 ancianos en las residencias de mayores por culpa de los protocolos que impidieron su traslado hospitalario en plena pandemia por el Covid-19. Alrededor de este asunto ha existido mucha desinformación, intereses cruzados y mentiras, y la socia directora de 'Empatía', una consultora de asuntos públicos especializada en el sector social, Esther Ruiz, ha desmontado de un plumazo todas ellas desde el plató de laSexta Xplica.

"No tiene alguien que le haya escrito el discurso para este tema y se ve claramente. Es curioso lo nerviosa que le pone el tema de las residencias, yo creo que es el único que verdaderamente consigue sacarle de sus casillas. Pero aquí hay una única verdad, no hay otra: la Comunidad de Madrid, con Ayuso como presidenta, fue la única de toda España en la que se firmó un protocolo que impedía que las personas mayores fueran trasladadas de las residencias a los hospitales. En las residencias fallecieron 7.291 personas ahogadas, asfixiadas, con dolores, con miedo, y solas", ha comenzado enumerando.

"Y fue la Comunidad de Madrid, con Ayuso como presidenta, donde se negó la existencia de estos protocolos, a pesar de que son públicos. Cualquiera que tenga curiosidad puede entrar en internet y buscarlos. La Comunidad de Madrid, con Ayuso como presidenta, dijo que IFEMA era el hospital milagro, porque del 26 de marzo al 1 de abril de 2020 solo fallecieron en él 16 personas. Sólo un dato: en esas mismas fechas, fuera de IFEMA, fallecieron 5.000 persoans mayores. Digo yo que se les hubiera podido trasladar", ha proseguido.

"La Comunidad de Madrid, con Ayuso como presidenta, no ha recibido a ninguna de las 7.291 familias de los fallecidos a pesar de que ha habido numerosas peticiones para ello. La Comunidad de Madrid, con Ayuso como presidenta, tiene 150 querellas abiertas por su gestión en las residencias, y esta es la única verdad por mucho que se intente disfrazar. En ninguna otra comunidad autónoma pasó lo que pasó en la Comunidad de Madrid", ha sentenciado Esther Ruiz.  

 

El trato inhumano a los residentes de la Comunidad de Madrid

Por otra parte, las actas de las residencias que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tratado de esconder durante mucho tiempo, han salido a la luz, y muestran una realidad devastadora sobre el horror que se vivió en los centros de mayores durante lo peor de la pandemia del coronavirus. Un escenario que afectó con especial fuerza a los internos con discapacidad ante la falta de material y medios dotados por la región y a pesar de los esfuerzos sobrehumanos que hacían los profesionales.

Así lo dibujan de manera milimétrica varios de los documentos que ha podido leer ElPlural.com. Uno de los informes policiales de Geriatel, fechado a 30 de marzo de 2020, es muy directo a la hora de exponer cómo “18 personas con trastornos cognitivos deambulan sin control” y de contar que había “una persona sorda, muda y ciega que necesita no estar confinada”, así como otras que “necesitan asistencia personal”. La situación tampoco mejora en el resto de centros, como dictan las anotaciones policiales en el Conjunto Residencial Las Fuentes. En este caso, destaca que “solicitaron” todo tipo de servicios a la Comunidad de Madrid sin obtener “respuesta alguna”, lo que generaba complicaciones -más si cabe- en el tratamiento de las personas con “problemas conductuales”.

En concreto, el acta expone que “se solicitaron servicio de desinfección a la Comunidad de Madrid cuando tuvieron el positivo que fue trasladado al hospital no obteniendo respuesta alguna”, así como “test rápidos para residentes y trabajadores todos los días”, con el mismo resultado. Entre las peticiones aparecen también la de un médico “no obteniendo respuesta alguna”. Asimismo, el centro “quiere hacer constar que a día de la fecha -11 de abril de 2020- lo que demandan es: mascarillas, batas y test rápidos”, siendo esto especialmente “urgente” porque “al tratarse los residentes de discapacitados intelectuales, el confinamiento en su habitación puede derivar en problemas mayores conductuales”. La ristra de informes tan desoladores como estos es larga, y está suponiendo una nueva muesca a la tranquilidad de la presidenta madrileña a pesar de su mayoría absoluta en el Parlamento autonómico.

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