Ya no hay marcha atrás. Los usuarios pueden respirar, por fin, tranquilos. La nueva normativa europea en materia de protección de datos finalizó su moratoria de dos años y desde el jueves está ya operativa. Ojalá fuese así y los grandes titulares confirmasen esta afirmación. Sería más que deseable que el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) fuera respetado por todas las plataformas, aunque la realidad, sin restar importancia a los pasos dados, aunque como también era previsible el camino será largo.

Una muestra de ello lo representa Noyb, una ONG centrada en la protección de datos con sede en Austria que ha anunciado que acaba de denunciar a Google, Facebook, Instagram y WhatsApp.

El motivo se encuentra en que, a juicio de esta entidad, la política de forzar a los usuarios a aceptar sus condiciones si quieren emplear sus servicios vulnera el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD) cuya vigencia apenas tiene dos días.

Según esta organización, la nueva normativa “prohíbe ese tipo de consentimiento forzado y cualquier tipo de vinculación de un servicio con el requisito del consentimiento".

"Tómalo o déjalo"

Asimismo, Noyb ha indicado que esas empresas aplican una política de privacidad basada en el "tómalo o déjalo" y que recurren incluso a la "amenaza" de que sus servicios dejarán de estar disponibles si el usuario no da consentimiento a su sistema de gestión de datos.

Noyb afirma que, según el RGPD, "el acceso a los servicios ya no puede depender de si el usuario da su consentimiento al uso de los datos". La entidad critica las "toneladas" de casillas de consentimiento que reciben los usuarios, algo de lo que no se ha librado nadie.

Las denuncias han sido presentadas ante los organismos de protección de datos de Francia, en el caso de Google; Bélgica (Instagram), Alemania (WhatsApp) y Austria (Facebook), para "facilitar la coordinación europea".

Multas millonarias

Las multas máximas a las que se enfrentarían estas compañías, en caso de confirmarse que vulneran el nuevo reglamento europeo, van desde los 3.700 millones de euros para Google a los 1.300 para las otras tres empresas demandadas.

La ONG afirma que el nuevo reglamento y el fin del "consentimiento forzado" no impide a las empresas seguir usando los datos de sus clientes "estrictamente necesarios para el servicio”, pero que su uso con fines publicitarios o para entregarlos a terceros “exige el consentimiento expreso de los usuarios”.

Noyb afirma que si su denuncia tiene éxito, uno de sus efectos será la desaparición de muchas de las casillas emergentes de solicitud de consentimiento.