La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] advierte, en su informe Perspectivas económicas de América Latina 2022 – Hacia una transición verde y justa de los riesgos a los que se enfrenta la región en su adaptación a la lucha contra la emergencia climática.

“Una transición verde no será posible, ni sería deseable, si no es justa”, asegura la OCDE. Y añade: “Una transición verde y justa debe reforzar los sistemas de protección social, promover la formalización del empleo y reducir las diferencias existentes entre grupos socioeconómicos, territorios y generaciones”.

ALC debe impulsar la transición verde, a la vez que acelera el progreso social

Los retos de la transición verde y justa

“La región de América Latina y Caribe [ALC] se enfrenta al reto de implementar estrategias ambiciosas de adaptación y mitigación para hacer frente a la emergencia climática, al mismo tiempo que acelerar el ritmo de progreso social, económico e institucional”, destaca el informe.

Todo, en un momento económico complejo: “Justo cuando la región estaba logrando después de la pandemia una mejora del crecimiento, las actuales presiones inflacionarias y las fuertes tensiones geopolíticas están poniendo trabas a la recuperación regional.”

De los 50 países identificados como los más afectados por la emergencia climática, 13 son de ALC

El momento es ahora

El documento insiste en que “el momento para actuar es ahora”. Y propone una “ambiciosa agenda” con el objetivo de “proteger y valorar el capital natural y energético único de la región”.

En especial, porque “ALC es una de las regiones más vulnerables al cambio climático; 13 de los 50 países identificados como los más afectados por la emergencia climática se encuentran en la región, de ahí la urgente necesidad de una transición verde y justa”.

Las energías renovables representan el 33% del suministro en ALC, frente al 13% mundial

Oportunidad única

Pero este momento también supone, a juicio de la institución, una oportunidad única, porque “las políticas activas de mitigación y adaptación pueden disminuir las consecuencias desmesuradas del cambio climático en las desigualdades entre países, grupos socioeconómicos, territorios, generaciones y géneros”.

“Transformar la matriz energética y productiva puede contribuir a impulsar la productividad, desarrollar nuevos sectores económicos y crear más empleos formales”, asegura la OCDE.

Además, la región “está dotada de un gran potencial de recursos energéticos renovables. Las energías renovables representan el 33% del suministro total de energía de la región, frente a solo el 13% a nivel mundial”.

La institución anima a la inversión en tecnologías renovables, que “puede reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero” y lograr “un suministro de energía a menor costo”.

En especial, si tenemos en cuenta que “un total de 17 millones de personas todavía no tienen acceso a la electricidad, en particular en zonas rurales”. Por eso, “garantizar el acceso universal a la electricidad es un aspecto primordial de una transición verde y justa, ya que puede ayudar a subsanar las desigualdades en el acceso a los servicios públicos básicos y estimular el crecimiento económico local”.

La descarbonización pasa por el hidrógeno verde y otros combustibles alternativos

Cero emisiones netas

El camino hacia las cero emisiones netas pasa, según la OCDE, por una “descarbonización sistémica a través de la electrificación de los diferentes sectores económicos”.

La institución apuesta por el “hidrógeno verde y otros combustibles alternativos bajos en emisiones de carbono, tales como los biocombustibles sostenibles”, que “jugarán un papel fundamental en la descarbonización de aquellos sectores donde esta tarea presenta mayor dificultad”.

Los beneficios son evidentes: “El avance de la transición verde podría suponer un aumento neto del empleo del 10.5% en la región de aquí a 2030.”

Un calentamiento global de 2.5°C podría costar a la región entre el 1.5% y el 5.0% de su PIB

Inversión rentable

Aunque la inversión tiene que ser elevada, está más que justificada: “Un escenario de calentamiento global de 2.5°C podría costar a la región entre el 1.5% y el 5.0% de su PIB de aquí a 2050”.

Pero no es posible sin “un nuevo contrato social sostenible”, a través de “mecanismos institucionales que promuevan el consenso”. Porque la participación de la ciudadanía es imprescindible: “El 68% de los ciudadanos de ALC reconoce que el cambio climático constituye una amenaza muy grave para su país de cara a los próximos 20 años, un porcentaje más alto que en otras regiones”.

Y el complemento final debe ser la implicación del sector privado, el mundo académico, la sociedad civil y las comunidades locales; además de la creación de alianzas internacionales. Porque, como señala el informe, “el proceso de transición verde y el logro de los objetivos de desarrollo con bajas emisiones de carbono conllevan una serie de retos que no pueden resolverse en el ámbito nacional exclusivamente”.