Guerra sin cuartel. No hay tregua en el mundo del fútbol. Los movimientos a inicios de este 2025 daban a entender que los máximos organismos que rigen el fútbol europeo y español podrían tender puentes para evitar un conflicto total con los promotores de la Superliga – entre los que se encuentran el Real Madrid y la empresa A22 Sports -. Los contactos con la UEFA para llegar a lugares comunes y evitar la fractura no fructificaron y los tribunales vuelven a decantar la balanza en contra de la federación europea, española y LaLiga, que también figuraba en el proceso judicial. Desde el Santiago Bernabéu, en consonancia con la mencionada firma, creen que en ningún momento hubo intención real de negociar y eso ha abierto la puerta a que, tras el reciente fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, el conjunto que dirige Florentino Pérez pueda reclamar a UEFA una indemnización que se sale de toda órbita por daños y perjuicios.
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado todos los recursos presentados por UEFA, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha confirmado que los organismos tradicionales incurrieron en abuso de posición dominante al intentar bloquear la creación de competiciones alternativas como la Superliga. El fallo, hecho público este miércoles, supone un nuevo respaldo judicial a los promotores del proyecto - el Real Madrid y la sociedad A22 Sports Management -, y allana el camino para que ambos reclamen una indemnización que podría alcanzar los 4.500 millones de euros. La resolución judicial no sólo ratifica el criterio del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, sino que consolida el principio de que el monopolio de la UEFA sobre las competiciones internacionales es contrario al derecho de la Unión Europea.
UEFA, contra las cuerdas
La Audiencia Provincial examinó 21 alegaciones distintas formuladas por UEFA, LaLiga y la RFEF, y las rechazó una por una. En su auto, el tribunal recuerda que cualquier régimen de autorización previa que limite el acceso de nuevos actores al mercado deportivo debe sustentarse en criterios objetivos, transparentes, precisos y no discriminatorios, además de contar con mecanismos efectivos de control judicial.
De esta forma, el tribunal madrileño refrenda la línea marcada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictada en diciembre de 2023, que ya concluyó que UEFA y FIFA vulneraron los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE, al aprovechar su posición dominante para impedir la libre competencia en el fútbol profesional.
Demanda multimillonaria
El Real Madrid, uno de los grandes impulsores de la Superliga, reaccionó con euforia a la resolución. En un comunicado oficial, el club presidido por Florentino Pérez subraya que el fallo “abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos” por la entidad durante los años en los que el proyecto fue bloqueado.
Desde el club blanco recuerdan además que en los últimos meses han mantenido numerosas conversaciones con la UEFA para intentar una solución pactada. Sin embargo, aseguran que no hubo avances reales en cuestiones clave como la transparencia en la gobernanza, la sostenibilidad económica del fútbol europeo, la protección de los jugadores o la mejora de la experiencia de los aficionados mediante modelos de retransmisión más accesibles.
El “monopolio” de UEFA
La compañía A22 Sports Management, promotora de la Superliga, también celebró el resultado judicial, que calificó como la “tercera sentencia consecutiva en Europa que declara abusiva la posición de la UEFA”. En un comunicado, la empresa adelantó que emprenderá acciones legales para ser compensada por los daños sufridos, en coordinación con el Real Madrid.
Según fuentes jurídicas consultadas por medios especializados, la reclamación conjunta que preparan podría rozar los 4.500 millones de euros, estructurados en tres conceptos: pérdidas directas derivadas de la imposibilidad de lanzar la competición en 2021, lucro cesante, es decir, los contratos comerciales y de patrocinio que no llegaron a materializarse y daño reputacional, por la campaña pública de descrédito y presión institucional orquestada desde la UEFA y diversas federaciones nacionales.
El fracaso de las negociaciones
El giro hacia la vía judicial se produce tras el fracaso de una docena de reuniones mantenidas durante este año entre representantes de A22, el Real Madrid, el FC Barcelona y altos cargos de la UEFA. Fuentes cercanas al proceso aseguran que, aunque inicialmente hubo avances en materias técnicas - como la gestión televisiva o los criterios de acceso a la competición -, las conversaciones se rompieron por las discrepancias sobre el formato y la gobernanza del torneo.
Los promotores de la Superliga concluyeron que la UEFA nunca tuvo una voluntad real de acuerdo, sino que buscaba ganar tiempo para mantener su control sobre el fútbol europeo y evitar que el proyecto cristalizara.
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