La reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, sigue generando conflictos entre las dos patas del Gobierno de coalición. Este miércoles, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha revelado que su homólogo de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha bloqueado por escrito la tramitación de la medida, mientras que el departamento económico lo niega y pide más tiempo. Esta guerra abierta se está librando pese a que el Ejecutivo ha firmado un acuerdo con los sindicatos, que empiezan a estar cansados de la situación.

Que no jueguen con este tema”, ha advertido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha garantizado que con esta cuestión “no va a pasar como con el Estatuto del Becario, que está en un cajón sin ser tramitado”. Más allá del tirón de orejas al conjunto del Gobierno, el líder sindical sí que ha lanzado algún dardo destinado a la parte socialista, la más reticente a sumar una velocidad al impulso de la reducción de jornada, especialmente a Cuerpo.

"Pido todos los miembros del Gobierno que cuando hablen de este tema lo hagan con conocimiento de causa y no se sumen a los mensajes fáciles", ha trasladado Álvarez, reclamando “rigor”. Asimismo, ha buscado desmontar algunos de los argumentarios de los grandes empresarios, que aluden a las pequeñas empresas y a determinados sectores, y ha lamentado que desde parte del Gobierno se haya comprado esta argumentación. "Que aparezcan argumentos que se atribuyen a miembros del Gobierno que están muy cerca de los de Cepyme o de algunos empresarios que siempre se han distinguido por su inmovilismo no nos parece razonable".

El líder sindical ha evitado dar nombres, pero este posicionamiento únicamente ha procedido de la parte socialista, principalmente desde Economía. Desvinculándose de estas luchas de partidos, Álvarez ha garantizado que exigirán “que se cumpla el acuerdo firmado con la vicepresidenta segunda. "Nosotros negociamos con el Gobierno y el Gobierno decide quienes son sus interlocutores. Mientras el presidente no diga lo contrario, nuestro interlocutor es el Ministerio de Trabajo", ha añadido, exponiendo el sinsentido de que las discrepancias internas lleguen después de que el interlocutor acreditado zanje la negociación.

UGT reclama así que no se toque “ni una coma de lo firmado” y se dediquen a “trabajar”, no a “debatir públicamente”. Por último, ha advertido al Ejecutivo de las consecuencias futuras que podría tener el incumplimiento del acuerdo. "No jueguen excesivamente con porque detrás de esta reivindicación hay miles, centenares de miles de millones de trabajadores”. “Esta no es cuestión que sea ya solo de las organizaciones sindicales o el Consejo de Ministros, es una cuestión de los trabajadores del país", ha recalcado.

Subida del SMI

La otra gran materia laboral que afronta una negociación complicada es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se beneficiará de una nueva subida con el cambio de año. La cuantía de los que menos cobran se ajustará, como mínimo, al avance del precio de la vida y de otras variables económicas. La ministra de Trabajo aguarda a la recomendación de sus expertos y un año más no llegará a tiempo y deberá aplicarse la retroactividad a las primeras nóminas de 2025.

Díaz ha garantizado que la subida será superior al 3%, Cuerpo ha sugerido avances en el entorno del 4% y todo apunta a que los expertos definirán ese intervalo. Sin embargo, estos todavía no han acordado nada, según ha confirmado Álvarez. Independientemente de su pronunciamiento, UGT pedirá que el SMI escale “más de un 4%”. "Vamos con una perspectiva que van entre el 5% y 6%", ha reiterado el líder sindical.

El porcentaje final emanará de la mesa de negociación formada por el Trabajo, los sindicatos (UGT y COO) y las asociaciones de empresarios (CEOE y Cepyme), que será convocada a no mucho tardar. En ella, más allá de la subida pretendida, Álvarez ha garantizado que llevarán otras líneas rojas como el reconocimiento del plus por la excepcionalidad de los trabajadores de Baleares, Ceuta y Melilla, contemplado en muchos convenios.

“El salario mínimo interprofesional va a pegar una subida de los salarios de algunos convenios colectivos importantes que ya se han situado en el SMI el año pasado. Este año, cuando lo acordemos van a tener que volver a revisarse los salarios y, por tanto, las consideraciones que se tengan en relación con eso, si determinados pluses van a contar o no, para nosotros tienen importancia", ha trasladado Álvarez. En el horizonte, el objetivo es que el SMI se ubique en el 60% del salario medio. "Si el Gobierno tiene el objetivo, tendrá que seguir adelante", ha zanjado el líder de UGT.