España espera recibir el cuarto pago de fondos europeos (10.021 millones de euros) que solicitó a finales de 2023, pero para ello debe dar cumplimiento a 61 hitos y objetivos. Entre ellos se encuentra la reforma del subsidio por desempleo, que llegaría fuera de tiempo después de que Podemos tumbase la propuesta de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, por contener recortes que afectaban al colectivo mayor de 52 años. Ahora, la también vicepresidenta segunda se plantea ceder ante la petición de los morados y lo sindicatos, según ha revelado Comisiones Obreras (CCOO).

La reforman que plantean ahora desde el Ejecutivo es el mantenimiento de la base de cotización para mayores de 52 años en el 125% de la base mínima, aquella que marca el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y vincularla a su vez a la evolución de la tasa de paro, que actualmente se sitúa por debajo del 12%. Por el momento, esto es una propuesta “verbal” y no existe planteamiento escrito todavía, tal y como ha apuntado el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo.

"En relación con la base de cotización de mayores de 52 años el Gobierno lo que ha dicho es que presentaría una propuesta, pero no la ha concretado. Sí ha dicho que podría ser una propuesta que sería interesante en la medida en que podría mantener el 125% para todo el mundo en la situación actual y que podría estar vinculada a la evolución de la tasa de paro, pero no la ha presentado", ha explicado el sindicalista durante la presentación del informe Mercado de trabajo y protección por desempleo celebrada este jueves.

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El Gobierno ha trasladado su “voluntad” de sacar adelante la reforma a los sindicatos y es que no le queda otra. Si España quiere seguir percibiendo fondos (ya han llegado tres partidas) debe cumplir con todos los hitos marcados por Bruselas y a pesar de que desde el Ejecutivo defienden que la reforma fiscal corresponde al quinto pago, desde Europa aprietan. "Cuando llegue ese desembolso, en el que el hito de la reforma fiscal está, por supuesto España cumplirá en tiempo y forma cuando le toque", subrayan desde el Gobierno.

Sea como fuere, se requiere una mayoría parlamentaria que la coalición ha dado otras veces por sentada sin negociar, con resultados negativos. En esta cuestión son los de Ione Belarra los que tiene el poder de decisión, pero las quitas entre los morados y Sumar y el anterior batacazo complican las negociaciones, razón por la que podrían entrar a jugar una figura socialista. Los sindicatos también están preocupados por esto, razón por la que CCOO ha pedido una reunión a Podemos que aunque ha sido respondida de forma “cordial” y “afable” sigue “sin concretarse”.

¿Había un recorte en la propuesta de Díaz?

El recorte existía y era fácilmente apreciable en el texto de la ley. La modificación fue introducida a última hora por el Gobierno sin que la propia ministra dijese nada al respecto en las reuniones previas y en la posterior presentación de la norma, pero con su publicación saltó la libre. La ley pretendía eliminar la sobrecotización que beneficia a los mayores de 52 años perceptores del subsidio. Sin embargo, los de Sumar defendían que con el aumento que ha afectado al SMI en los últimos compensaba holgadamente el recorte.

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Por su parte, desde Podemos aseguraban que esta reducción atacaba a un colectivo que ya se encuentra claramente damnificado y al que le cuesta más reincorporarse al mercado de trabajo. La cotización para la jubilación del subsidio de mayores de 52 años está fijada en el 125% de la base mínima y, con la nueva ley, pasaría a ser del 100% a partir de 2028, después de reducirse progresivamente desde junio de 2024. “La decisión del Gobierno implica reducir su pensión en 162 euros al mes, es decir, en 2.268 euros al año”, explicaban los morados.

El decreto contemplaba que durante 2024 la base de cotización sería equivalente al 120% de la base mínima de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente en cada momento. Esta cantidad pasaría en el ejercicio 2025 a ser equivalente al 115% base mínima de cotización, al 110% durante el 2026, al 105% en 2027 y ya al 100% en 2028. Con todo, el recorte es más que evidente y, pese a que quiera justificarse su compensación por otras vías, la sobrecotización de este colectivo vulnerable ser vería mermada con el paso de los años.